Homoparentalidad y vulnerabilidad

La discusión sobre el matrimonio igualitario está quedando atrás. En los últimos años y tras los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de grupos de activistas sociales a lo largo del país, ha quedado claro que el matrimonio es una institución social a la que todas y todos tenemos derechos sin importar nuestra orientación sexual. Este reconocimiento trae consigo nuevos retos.

La homoparentalidad ha existido y seguirá existiendo, ya que nunca ha sido necesario un reconocimiento social y mucho menos legal para la generación de vínculos afectivos y apegos familiares que devienen de la convivencia, confianza y reciprocidad propia de cualquier grupo de personas que conviven bajo determinadas condiciones y circunstancias sin necesariamente tener lazos sanguíneos.

En este momento histórico mucha gente opina sobre la idoneidad de las parejas de personas del mismo sexo para ser padres o madres alegando que es un peligro para la identidad e integridad de las y los hijos; muy por el contrario organismos internacionales, como la Asociación Psicológica Americana, han publicado diferentes estudios en los que haciendo comparativas entre hijas e hijos de familias hetero y homoparentales, no encuentran diferencias significativas en cuanto funcionamiento, identidad, entre otros indicadores; sin embargo, existen evidencias de que las problemáticas psicosociales que estas familias presentan devienen del rechazo social, del odio y de la discriminación.

Odio que no sólo se manifiesta desde los tejidos sociales, sino con el rechazo institucional, ya que organismos tanto públicos como privados no están informados, sensibilizados y mucho menos capacitados para trabajar con estas nuevas realidades, casos reales han llegado al conocimiento de instituciones de la sociedad civil organizada donde a parejas de madres y padres les niegan el derecho a vivirse como familias por el hecho de que los hijos o hijas no sean biológicamente de ambas partes, se les separa, se les estigmatiza y sobre todo se les impide el acceso a derechos, esto derivado no sólo de los puntos anteriores, sino de la falta de ética y respeto de quienes imparten justicia, proporcionan servicios, etc.

Es responsabilidad de todas y todos visibilizar estos actos, ejercer nuestras profesiones con ética y, sobre todo, generar un contexto social más incluyente, que respete y valore las diferencias, que esté apegado a los derechos humanos y que facilite a todas y todos la posibilidad de acceder a las mismas condiciones de bienestar.

[email protected]

JJ/I