Destapan espionaje del gobierno estatal

Pese a que el gobierno de Jalisco niega el gasto de 13 millones de pesos en espionaje, hay facturas y otros documentos que revelan lo contrario, los cuales fueron dados a conocer este miércoles por la noche por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la intervención de la comunicación de particulares, un derecho consignado en la Carta Magna, señaló el abogado penalista de la Universidad Panamericana (UP) Gerardo de la Cruz Tovar.

El especialista consideró que, ante la documentación que exhibe la R3D, que incluye también el certificado de servicio de espionaje, y que consigna el nombre y la firma de Héctor Federico Zúñiga Bernal, coordinador general de Asuntos Sociales de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco –datos corroborados en el portal de transparencia de la administración estatal–, “nos encontramos frente a un delito”.

A partir de 2008, la Constitución Mexicana prohíbe la intervención de la comunicación de particulares, salvo los casos de delincuencia organizada, explicó el abogado constitucionalista Francisco Jiménez Reynoso.

La intervención de la comunicación entre particulares “representa la vulneración a los derechos fundamentales de las personas a quienes se les está interviniendo la comunicación, su teléfono, o cualquier otra forma a la que hayan recurrido”.

“Únicamente se autoriza la intervención a particulares, de cualquier tipo, a un juez, siempre y cuando exista un proceso de investigación; cualquier otra forma, si no ha sido pasada por proceso de autorización de un juez es evidentemente una intervención, una acción delictiva”, puntualizó De la Cruz Tovar.

“Este delito debe investigarlo la Procuraduría General de la República, independientemente de que no exista una denuncia legal por espionaje; sólo por la publicación que hoy realiza El Diario NTR, la autoridad ya tiene elementos para investigarlo y actuar en consecuencia”, abundó.

Adicional a las penas que pudieran derivarse de las indagatorias, incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su homóloga nacional podrían empezar con una queja para exigir el respeto al derecho a la libre expresión, consignado en el artículo sexto.

Y por lo que pudiera derivarse “en cuanto a la coincidencia de las fechas electorales, ya sería la autoridad electoral la que tendría que intervenir y también sancionar”, concluyó el penalista Gerardo de la Cruz.

Por su parte, el director de la R3D, Luis Fernando García, dijo que con estas acciones de espionaje “el gobierno de Jalisco viola el artículo 16 de la Constitución”, por lo que exigió una investigación seria “respecto a la contratación y el uso de esas herramientas de vigilancia que son ilegales; estamos exigiendo que se investigue y revele quiénes han sido afectados, violentados por el gobierno, porque esa vigilancia es ilegal”.

Ayer, NTR publicó la denuncia que hizo la red, que señala que el gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, en particular la Coordinación de Asuntos Sociales, contrató servicios y equipo de espionaje a la empresa italiana Hacking Team.

En tanto, los especialistas en materia constitucional y penal, así como el representante de R3D, enfatizaron que la Secretaría General no tiene facultades reales para contratar ni para digitalizar o intervenir comunicaciones privadas, por lo que con las evidencias documentadas podría tratarse de un “hecho delictivo”.

Funcionario firma acuerdo de espionaje

Héctor Federico Zúñiga Bernal, titular de la Coordinación General de Asuntos Sociales de la Secretaría General de Gobierno, firmó un acuerdo con la empresa Hacking Team para obtener los servicios de la compañía italiana dedicada al espionaje.

Hacking Team utiliza programas maliciosos que ingresan a los dispositivos electrónicos para conocer los datos privados de las personas.

El convenio que firmó Zúñiga Bernal está publicado con un certificado de entrega fechado el 17 de diciembre de 2014, en el que también aparece la firma de un empleado de la empresa.

Sin embargo, esa dependencia no posee facultades legales o constitucionales para la intervención de comunicaciones privadas, por lo que la adquisición y operación de los productos ofrecidos por Hacking Team por parte del gobierno es ilegal.

La Secretaría General de Gobierno debe encargarse de colaborar con el Ejecutivo en la conducción de la política interna del estado y a ésta corresponde, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política de Jalisco.

Sin embargo, en ninguna de sus atribuciones está contratar servicios de espionaje, pues es un acto ilegal.

El funcionario Héctor Federico Zúñiga Bernal ha aparecido en varios actos de gobierno como suplente del titular de esa secretaría, Roberto López Lara.

Zúñiga Bernal está en la nómina con un sueldo superior a 30 mil pesos mensuales.

PHM / I