Facilita autoridad evasión de justicia

Detenciones repetidas de una persona sospechosa de cometer delitos están ligadas a falta de supervisión y evaluaciones de riesgo de que escapen: en Jalisco hay hasta 42 por ciento de evasión de medidas cautelares dictadas por un juez.

En tanto que en el distrito uno de Jalisco el incumplimiento de medidas cautelares dictadas por un juez era de 42 por ciento hasta el 22 de noviembre, la media nacional era de aproximadamente 33 por ciento según el Diagnóstico de las Unidades Estatales de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Umecas), publicado en noviembre por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Casos emblemáticos existen de detenidos reincidentes por distintos delitos desde la transición, hace 18 meses, al sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Por ejemplo, en Zapopan, Juan Carlos, El Chilango, fue capturado y puesto en libertad cuatro veces, hasta que en la quinta detención se le vinculó a proceso con prisión preventiva; se presume que lideraba una banda de robo de vehículos de la que formaría parte su hijo menor de edad, Omar Salvador, quien ha sido puesto en libertad cinco veces.

Según datos de la Unidad de Análisis e Inteligencia (UDAI) de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, todavía están en libertad otras personas relacionadas con esa banda delictiva que opera en colonias como Atemajac, Lomas de Zapopan, Tabachines, Constitución, Zoquipan y la Seattle.

En ese municipio hay, hasta el 22 de diciembre, 75 personas que han sido detenidas más de una vez por 175 diversos hechos ilícitos desde el 31 de mayo de 2016, cuando entró en vigor el actual sistema de justicia penal en los últimos tres distritos judiciales de Jalisco: el uno, con sede en Tonalá y que abarca la ZMG; el cuatro, con sede en Ocotlán, y el 12, con sede en Cihuatlán.

Municipios como Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá tienen al menos un caso de personas sospechosas de haber cometido conductas posiblemente delictivas y detenidas hasta en cuatro ocasiones durante 2017, y en Tlajomulco hasta tres ocasiones.

Es común que los jueces dicten medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, pues ya no son considerados graves delitos que antes lo eran, consideró Juan Pablo Hernández González, comisario de Seguridad Pública de Zapopan.

“Sí tenemos complicado el tema de robo a negocio y tripular vehículo con reporte de robo, esto con la facilidad con que alcanzan su libertad estas personas al no mediar la violencia, no se tiene considerado como un delito que amerite prisión preventiva, entonces eso se nos complica”.

“Son muy muy reiterados los casos en que hemos tenido robos con armas de utilería, es muy recurrente, que media la amenaza, la intimidación con arma de utilería y a la hora de la captura eso lo considera el juzgador”, planteó.

Unidades de medidas cautelares

En Jalisco, a diferencia de otras entidades de la república, las Umecas dependen de la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Jefatura de Supervisión de Conducta y Medidas Cautelares.

Para el académico de la Universidad de Guadalajara Rubén Ortega Montes, las medidas cautelares son sustitutivas de la prisión en cuanto que permiten cierta libertad a la persona vinculada a un proceso penal, pero se le mantiene vigilada y se le da seguimiento para su reinserción en la sociedad.

“Una medida cautelar es: no salgas de este perímetro, no salgas de este lugar, no salgas de esta ciudad; se convierten no en reclusorios, sino en una especie de limitantes, se le invierte en vez de estar gastando en cárceles”, explicó.

“Tenemos países que dicen ‘no tenemos gente en la cárcel’; no es que no haya delincuencia, es que tienen o le dan seguimiento a sus medidas cautelares: ‘Fulanito delinquió, denle seguimiento’, para eso tienes un policía que no hay que estarlo cambiando cada temporada”.

El profesor investigador también comentó: “Que vayan y lo revisen, que lo estén checando: dónde anda, qué hace, a qué se dedica. Ésas son las medidas cautelares y entonces los tendríamos bajo vigilancia y, a su vez, se hace trabajo de inteligencia”.

Sin embargo, existe la limitante de recursos humanos en las Umecas para atender todas las medidas dictadas por un juez: ir a verificar que las personas imputadas cumplan con ellas.

Hubo en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2017 del gobierno de Jalisco siete plazas asignadas a supervisor de medidas cautelares, con sueldos de 15 mil 375 pesos; siete plazas de evaluador de medidas cautelares, con el mismo sueldo, y una de director de área de supervisión de medidas cautelares, con 45 mil 490 pesos.

Es decir, 15 personas en todo Jalisco oficialmente dedicadas a supervisar 2 mil 512 medidas cautelares desde que se transitó al nuevo sistema penal hasta el 22 de noviembre, en tanto que a nivel nacional el promedio es de 28.8 operadores por entidad federativa según datos del SESNSP.

Entre las razones de incumplimiento de las medidas cautelares, destaca la falta de planes individualizados, la carencia de personal para el seguimiento de la medida cautelar y la falta de voluntad del imputado para someterse a la medida o padecer adicciones, de acuerdo con el SESNSP.

Las Umecas en Jalisco, con sedes en cada distrito judicial, recibieron en promedio total estatal 651 solicitudes de evaluación de riesgo cada mes; emitieron 198 opiniones técnicas; vigilaron 106 medidas cautelares y 53 suspensiones condicionales de proceso, según información solicitada por transparencia.

Jalisco es una de las siete entidades que no cuentan con una partida presupuestal específica para su operación de manera independiente, aunque la FGE reportó que se destinaron 2 millones 690 mil 414 pesos para arrendamiento de mobiliario, viáticos, pasajes, vehículos y otros materiales para las Umecas en la entidad.

“Bajo los niveles de impunidad de 98 por ciento, las unidades de medidas cautelares no están siendo las suficientes; más allá, el personal que es contratado para este tipo de trabajo, uno, muchos de ellos no tienen la capacidad necesaria; dos, no les pagan lo suficiente y tres, hay un número insuficiente de plazas”, enunció Ortega Montes.

El investigador consideró que la FGE y las Policías preventivas están facultadas para monitorear a las personas que están vinculadas a proceso en libertad o que lo estuvieron, sin que ello represente una violación a sus derechos humanos.

“A lo mejor éste no fue condenado, pero se dijo que participó, vamos checando hasta dónde hay un modus operandi idéntico; si bien, es cierto, la libró por fallas del sistema de procuración de justicia, lo cierto es que sí es un participante delictivo, démosle seguimiento hasta que logremos ponerlo tras las rejas”.

De hecho, Zapopan es el único municipio en la entidad que ejerce de manera formal algunas funciones similares a las de las Umecas.

“Tenemos el área de medidas cautelares, que son policías uniformados a bordo de patrullas que, dentro de su recorrido, hacen la verificación, por ejemplo, que cuenten con el domicilio que proporcionaron, y en caso de que nosotros detectemos que hay alguna irregularidad en cuanto a lo que declararon ante el Ministerio Público, solicitamos la medida de prisión preventiva”, abrevió Hernández González.

“Se da mucho el caso de que cuando detenemos a una persona se cambia el nombre, pero como nosotros manejamos un registro de las personas a través de la UDAI, es donde nos damos cuenta de que ya lo habíamos detenido en otras ocasiones, hacemos una comparativa de los tatuajes, la media filiación y aunque se cambien el nombre tenemos ahí el registro y se lo hacemos de conocimiento al Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva”, agregó.

Insuficientes

Sólo 15 personas se encargan en Jalisco de supervisar las 2 mil 512 medidas cautelares que se han derivado del nuevo sistema de justicia penal, hasta el 22 de noviembre; a nivel nacional, el promedio de operadores es de 28.8

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