Meade y la corrupción

Con su propuesta de ley contra la corrupción, José Antonio Meade intenta enviar dos mensajes: que respalda la indignación social ante los escándalos de funcionarios públicos deshonestos y que es un aspirante presidencial de propuestas, más que de confrontación, aunque también ha tenido sus deslices con la guerra de lodo.

El precandidato de la coalición Todos por México no puede, como tal, presentar una iniciativa, por eso entregó el documento, al que algunos ya le dieron nombre de ley Meade, a los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como a los coordinadores parlamentarios.

Planteó tres ejes: recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niños y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios que han incurrido en prácticas deshonestas, y volver obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.

Meade extiende esta propuesta a sus planteamientos para combatir al crimen organizado, cuyo origen, afirma, es la corrupción y la impunidad. Plantea recuperar dinero y bienes obtenidos por la delincuencia facultando a los fiscales en el combate a la corrupción para ejercer la extinción de dominio de manera ágil, equilibrada y justa.

En resumen, lo que quiere es dar al combate a la corrupción un marco jurídico bien diseñado, con instituciones sólidas, eficaces y bien coordinadas que no sean comparsa de los políticos, sino que rindan cuentas permanentemente a la sociedad; además, servidores públicos profesionales, íntegros y eficientes, así como la participación activa de la sociedad civil.

El precandidato acompañó su propuesta con frases como: “A los ciudadanos les indigna y con absoluta razón que el dinero que debió de haber sido utilizado para apoyar a quien más lo necesita termine en manos de la corrupción”.

Ahora bien, ¿cuál es el pequeño gran detalle? La percepción ciudadana. Los planteamientos de Meade y su discurso de que está con el enojo social no alcanzan a convencer y lo que queda es cierta sensación de que sólo se está abonando a la simulación.

En el fondo el sentir general es que nada cambiará y menos con alguien que perteneció a un gabinete presidencial que impulsó una vistosa reforma de leyes para crear el Sistema Nacional Anticorrupción que no acaba de cuajar, ahí está, en el papel, pero no en la práctica.

A los nombramientos de los fiscales anticorrupción, federal y estatales se les ha dado largas.

En el caso del fiscal general, el nombramiento está empantanado después de pasar por vergonzosos episodios que han mostrado muy claramente el juego de poder y de intereses que hay detrás.

En aquellas entidades en las que sí han designado a su fiscal el proceso no ha sido fácil. Como muestra es lo que pasó en Jalisco, donde un amparo hizo mucho ruido y encendió las alertas para pensar en las razones de la dificultad para elegir. Con el esquema de simulación tan arraigado en todo el país, tanto jaloneo y el posterior desistimiento, en lo menos que se piensa es en que sea por el bien social. Lo que queda sembrado es la gran duda de si quien se elige tiene el mejor perfil y es intachable o cuál era el trasfondo real de su oponente.

Por situaciones como éstas, los tres ejes contra la corrupción de Meade no tuvieron ninguna bienvenida, al menos en redes sociales. Lo que sí abundó fueron reclamos de que a estas alturas aborde el tema y la burlona sugerencia de casos por los que podría empezar, entre ellos una decena de ex gobernadores con señalamientos de corrupción, la mayoría de ellos priístas.

Si bien se sabe el doble uso de las redes sociales, en el fondo hay que reconocer que son foros para la sociedad civil y a juzgar por los retuits, Meade tiene toda la razón cuando habla de indignación ciudadana y está ante un reto mayor para convencer de que su postura contra la corrupción va en serio.

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JJ/I