Suspenden operadora del 911 que atendió reporte de estudiantes

Por presunta negligencia en la atención de la llamada que se realizó a unos minutos de que fueron privados de su libertad en Tonalá los tres estudiantes del CAAV, fue suspendida una de las operadoras del número de emergencias 911.

“Ya está suspendida ella, la cabinera que recibió la llamada ya está suspendida. Hubo cierta negligencia de parte de ella”, confirmó el titular de la Fiscalía General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez.

Desde el 19 de marzo, los estudiantes de cine Javier Salomón Aceves Gastélum, de 25 años, Daniel Díaz, de 20 años y, Marco Ávalos, también de 20, fueron privados de su libertad en una brecha de Tonalá. Junto con otros amigos regresaban de una casa que servía de locación para un filme de terror, como parte de sus asignaciones escolares.

El comando que los detuvo dijo ser de Seguridad Pública, lo cual no se ha confirmado. Cuando vio que se habían llevado a tres de ellos, una compañera llamó al 911 para pedir auxilio.

Según narró el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina Varela, la operadora le dijo a la chica al teléfono que necesitaba que le informara su ubicación exacta para atender el reporte.

Debido a que hicieron alto por una avería mecánica y ante la situación estresante que acababan de vivir, la joven que hizo la llamada no pudo responder con precisión, pero dio señales generales de dónde venían, hacía dónde iban y descripción de lo que veía a su alrededor.

Entre dos y tres horas, aproximadamente, transcurrieron entre la privación ilegal de la libertad de los estudiantes del CAAV y la llegada de la policía, lamentó el dirigente estudiantil, recalcando que tiempo es vital en esos casos.

Detenido, sin relación con los hechos

En cuanto a la persona que habían detenido por tener en sus manos el aparato celular de uno de los jóvenes desaparecidos, el fiscal informó que ya quedó libre. "No tiene, al parecer, relación con los hechos", indicó. El teléfono estaba tirado en periférico, junto con el chip; una persona la recogió y se lo vendió a la persona que estaba detenida.

 En cuanto al reclamo de padres de los desparecidos, Sánchez Jiménez negó que se pretenda criminalizar a las víctimas.

JJ