Inviable, revisión de bienes de burócratas

El combate a la corrupción a través de la obligación de todos los servidores públicos de presentar declaraciones patrimoniales, desde el intendente hasta puestos de primer nivel, podría ser inoperable ante la falta de mecanismos de revisión de estos documentos.

La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que todos los que son empleados del gobierno en el país deben reportar sus bienes, ingresos y deudas, y cada estado debe vigilarlo a través de los órganos internos de control de cada dependencia, antes conocidos como contralorías.

Sin embargo, se pone en duda que esta nueva forma de revisión funcione porque será tanto el papeleo a recibir, que no se tendrá la capacidad de verificar toda la información, y hasta el momento no se ha precisado cómo se haría la compulsa de los datos recabados para detectar delitos como el enriquecimiento ilícito.

Una muestra de que puede surgir esta complicación es el antecedente que reportó la comisión legislativa de Responsabilidades del Congreso del Estado respecto a que nadie ha pedido alguna compulsa de los bienes reportados en las declaraciones patrimoniales que ha recibido, que eran menos de las que ahora se entregarán.

DUDAS

La titular de esta comisión, la panista Pilar Pérez Chavira, dudó que estos órganos de control interno tengan la capacidad de revisar toda la información que les darán cada uno de los servidores públicos porque el universo a revisar es inmenso.

“Desde mi punto de vista, es inoperable esta situación. La finalidad de presentar las declaraciones patrimoniales y poder llevar la evolución patrimonial junto con la de intereses y la fiscal es con el propósito de revisar que no haya enriquecimientos inexplicables de los servidores públicos que tienen acceso o bien a recursos o bien a influencias”.

Declaró que existe el riesgo de que la entrega de estas declaraciones se convierta en un trámite burocrático donde sólo se realicen y “no haya ni oportunidad ni tiempo ni personal suficiente para poder analizar la evolución patrimonial de todos y cada uno”.

Advirtió que otro riesgo es que cada contralor interprete y aplique a su buen saber y entender esta ley o como lo crea pertinente, sin garantizar que todos tienen la misma aplicación.

“Si lo que hay no alcanza, tenemos que buscar otros mecanismos para hacer que sí suceda”.

TAREA DIFÍCIL

La entonces titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rocío Corona Nakamura, ahora diputada con licencia, admitió que esta revisión será una tarea difícil para los órganos de control interno y aseguró que están obligados a buscar la manera de que no sea una letra muerta ante el cúmulo de trabajo, para así encontrar las irregularidades para combatir la corrupción, que es un tema sensible para el ciudadano.

“Es fácil cuadrar y ver cuánto ingresa y cuánto sale, dónde está y dónde quedó. Ésa será una labor y atribución que tengan que hacer los órganos de control (…) al principio va a ser complicado, pero sobre la marcha se tienen que subsanar deficiencias o faltas que se pudieran cometer involuntariamente”.

La priísta mencionó que la obligatoriedad está firme y hace falta realizar consideraciones jurídicas porque no se puede medir con la misma vara a un funcionario de menor nivel que a los más altos en el organigrama.

“No podemos tasar o medir en igual magnitud lo riguroso y lo estricto con alguien que tiene un modesto cargo, llámese un intendente, a un diputado o a un senador o a un magistrado”.

Hasta el momento, todavía no aplica esta nueva obligación a todos los servidores públicos porque el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción no ha publicado los formatos para hacer estas declaraciones, según lo indicado en el inciso c del artículo sexto transitorio de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

La creación de estos formatos lleva un retraso de ocho meses porque en julio de 2018 se cumple un año de haber entrado en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que se establece la obligación de todos los servidores públicos para la entrega de declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses ante sus órganos internos de control.

En mayo se entregan estas declaraciones, pero no hay señales de que los formatos nacionales estén listos en ese mes, y mientras no salgan todo seguiría igual a como lo hacían con la anterior ley de responsabilidades de servidores públicos, por lo que sólo estaría obligado un sector de la función pública.

“Desafortunadamente hay una lentitud preocupante de que no quieran que avance todos los ajustes, las exigencias para que los servidores públicos evidenciemos que estamos dispuestos realmente a combatir la corrupción”, criticó la legisladora panista.

Antes, la Comisión de Responsabilidades recibía las declaraciones patrimoniales del Poder Legislativo, Municipios, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Tribunal Electoral e Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, y ahora cada una tiene su propio órgano para recibirlas.

Pérez Chavira no pudo precisar con números en cuánto se multiplica la entrega de estos documentos y su revisión, pues sólo digo que se incrementa de manera dramática.

DEFENSA

El fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, y el auditor superior, Jorge Ortiz Ramírez, coincidieron en que esta obligación generalizada abonará a la transparencia y a dar con quienes ocultan bienes.

De la Cruz Tovar expresó que no debe darse únicamente la lectura de que se va a burocratizar la entrega de declaraciones patrimoniales, sino que ayudará a dar transparencia y evitar que se oculten los bienes.

Mencionó que ahora, con la tecnología, se puede tener el control que se está cuestionando y habrá que utilizar las herramientas adecuadas.

“Desde el punto de vista operativo, los proceso de cómputo te permiten hacer muchas cosas que antes no hacías”, señaló y puso como ejemplo la forma de trabajo de la Secretaría de Hacienda.

Ortiz Ramírez mencionó que la utilidad de esta nueva disposición va más allá de saber cuál es el monto al que asciende el ingreso anual de un servidor público o del patrimonio que posee, sino que es una herramienta que ayudará a las autoridades competentes a dar un seguimiento al patrimonio del sujeto obligado antes, durante y después de su ejercicio como funcionario público.

“Si un funcionario ha adquirido un determinado número de propiedades, el simple hecho de que sus declaraciones coincidan año tras año, y que la adquisición de las mismas estén dentro de sus posibilidades, sirve de indicador para determinar que el servidor público en cuestión no incurre en actos de corrupción o, si por el contrario, sus posesiones aumentaran de manera injustificada, habría razones para cuestionar e investigar cómo fue que adquirió determinados bienes que antes no estaban a su alcance, y en caso de detectar irregularidades, proceder por las vías administrativas y penales que conforme a derecho correspondan”.

PIDEN INFORMAR

Debido a que muchos servidores públicos desconocen que tiene esta nueva obligación, aprobada el 14 de septiembre, Pérez Chavira pidió difusión a esta medida.

“Que se haga del conocimiento de todos los servidores públicos porque hay aún muchos que no lo tienen tan claro”.

Indicó que el Sistema Estatal Anticorrupción debe preocuparse por esta difusión y concientizar al sector público del porqué de su importancia.

Corona Nakamura recordó que estos órganos internos de control darán seguimiento de la presentación de las declaraciones y aplicará las sanciones respectivas cuando sean faltas no graves.

Pero si se detectara alguna situación de corrupción o falta de rendición de cuentas que constituya un delito, deben reportarlo ante la Auditoría Superior o el fiscal anticorrupción, afirmó.

Esta obligación será tanto para servidores públicos con base como por contrato temporal.

La legisladora panista lamentó que a nivel local sólo se haya hecho un copy-paste de la nacional porque pudieron haberse hecho precisiones en beneficio del estado y hacerla operable.

Deben ser públicas

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el emecista Salvador Caro Cabrera, se pronunció por que todas las declaraciones patrimoniales de los primeros niveles de gobierno siempre sean públicas.

“Un servidor público no tiene por qué ocultar su patrimonio, si no quiere hacerlo público, que se dedique a otra cosa, que se dedique a la vida privada”, afirmó a nombre de toda su fracción.

Señaló que no puede ser una medida general el ocultar las declaraciones patrimoniales, pues cuando menos debe un resumen que sea accesible al ciudadano que quiere saber qué tiene el funcionario y cómo ha construido su patrimonio.

“Una versión pública que a lo mejor omita domicilios”, recomendó.

Actualmente, la información sólo se hace pública si así lo decide el servidor público cuando la entrega y muy pocos lo hicieron así.

La titular de la Comisión de Responsabilidades, Pilar Pérez Chavira, mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que no es obligatorio que la información patrimonial recabada tenga la máxima transparencia.

En cambio, la legisladora panista manifestó que sí se tiene la obligación de estar a disposición de la autoridad competente que pida la información por el Sistema Estatal Anticorrupción. Jessica Pilar Pérez

Rechazan sacar formatos locales

Ante la tardanza del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para emitir los formatos para hacer las declaraciones llamadas 3de3 en todo el país, la legisladora local panista Pilar Pérez Chavira propuso emitir unos locales para subsanar el retraso, pero fue rechazada.

La titular de la Comisión de Responsabilidades quería que se le dieran atribuciones al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, símil del nacional, para que emitiera formatos locales mientras salían los nacionales, y luego hacer las modificaciones necesarias.

“Desafortunadamente no fue aceptada por el resto de las bancadas y fue desechada la iniciativa”.

La entonces titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, la priísta Rocío Corona Nakamura, aclaró que legalmente estaban impedidos a elaborar sus propios formatos porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a usar sólo los que se emitan a nivel nacional para todos.

“Esos lineamientos los tendrá que definir el Sistema Nacional Anticorrupción, escapa de nuestra facultad y nuestro ámbito de competencia que podamos elaborar formatos propios”.

Pérez Chavira mencionó que también había propuesto que no se generalizara la obligación a todos los burócratas, sino sólo a los ya obligados y agregar los que tienen interacción con programas sociales, compras o convenios de servicios.

“Con el propósito de que pudiera focalizarse a quienes tienen la posibilidad de enriquecimiento ilícito y pueda ser operable; sin embargo, no fue aceptado y se abrió a todos los servidores públicos”.

Insistió en que Jalisco es un estado soberano y podrían haber aplicado la ley federal de diferente manera sin contradecirla.

“Sí podrías establecer que cuando hubiese sospecha fundada de que alguien está en esa situación, se le requiriera a presentar esas declaraciones”, señaló como la forma en que se pudo aplicar.

A casi un año de la entrada en vigor de estos formatos nacionales, no están listos y se empalman con los procesos electorales en todo el país.

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FRASES

“Una vez que entren estos formatos, será general para aplicabilidad de todos los servidores públicos”
Rocío Corona Nakamura, diputada priísta

“No ha avanzado nada, no hay formatos, no hay una plataforma para operarlo y además se multiplica enormemente la cantidad de servidores públicos”
Pilar Pérez Chavira, diputada local del PAN

 “Es un instrumento que fomentará la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles del servicio público”
Jorge Ortiz Ramírez, auditor superior

“Habrá que valorar la capacidad de quien tenga que checar esas declaraciones”
Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal anticorrupción

Lo que se busca

Se hace una evaluación periódica de sus declaraciones con objeto de verificar su veracidad y si su crecimiento patrimonial guarda congruencia con las percepciones que efectivamente recibe por su servicio público.

Se argumenta que las presentaciones de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales inhiben las conductas contrarias a derecho por parte del servidor público que se sabe observado y vigilado por la sociedad y las autoridades

JJ/I