La cloaca de Salud

La Contraloría estatal confirmó que reservará la información de la auditoría que realizó a la Secretaría de Salud en la actual administración estatal. Para ello, cuenta con el respaldo de lo que establece la ley de transparencia: las auditorías son información fundamental una vez que están concluidas.

Si se trata de una decisión de forma, podremos esperar para que se cumpla con el requisito legal para que los resultados de la revisión se den a conocer. El problema es que ante las graves irregularidades que se han ido conociendo, se busque proteger a quienes encabezaron la dependencia.

La auditoría fue solicitada por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, ante la crisis que se registró en el sector: centros de salud en diferentes municipios cerrados o sin personal, grave deterioro de la infraestructura, desabasto de medicamentos, suspensión de servicios y señalamientos de corrupción.

Las quejas y denuncias que recibió el mandatario estatal provocaron que se volviera insostenible la permanencia de Antonio Cruces Mada en la Secretaría de Salud, su amigo al que había protegido desde que era titular de Servicios Médicos Municipales, cuando fue alcalde de Guadalajara.

Fue hasta que el gobernador se dio cuenta directamente de las graves deficiencias, en una gira por el norte del estado, cuando se decidió a hacer el cambio y llamó al panista Alfonso Petersen Farah para que tratara de regularizar los servicios en el cierre de la administración.

Las irregularidades que ha encontrado la Contraloría estatal no son cualquier cosa.

Según los documentos que acompañan los procedimientos administrativos que han comenzado a raíz de la auditoría, mientras hay desabasto en centros de salud y hospitales, la Secretaría de Salud tuvo que tirar a la basura más de 7 millones de pesos en medicamentos que caducaron poco después de haber sido adquiridos.

Los medicamentos que tuvieron que destruirse son 79 mil 691 frascos de vacuna contra la hepatitis B, con un costo de un millón 259 mil 117.80 pesos; 8 mil 165 cajas de oseltamivir contra la influenza, que representaron una pérdida de 3 millones 61 mil 875 pesos, así como 125 mil 304 cajas de pastillas anticonceptivas, que costaron 2 millones 881 mil 992 pesos. En este caso, no se previó con el proveedor que fueran canjeados.

A esto se suman las compras de productos en exceso, que tendrán que donarse para que no caduquen, entre los que hay pastillas anticonceptivas, condones y dispositivos intrauterinos.

La Contraloría también encontró alteración en nombramientos de trabajadores, especialmente los adscritos al Seguro Popular, a quienes se pagaron salarios sobre la cifra alterada; empleados con dobles nombramientos del máximo número de horas, y juicios laborales perdidos sin que hubiera defensa por parte de la Secretaría de Salud.

El 13 de abril pasado la Contraloría respondió a la solicitud de información sobre la auditoría a la Secretaría de Salud. En el documento se señala que el 12 de marzo “El Comité de Transparencia de este sujeto obligado determinó clasificar como información reservada la información relativa a las auditorías realizadas a la Secretaría de Salud durante los años 2017 y 2018, de acuerdo con la prueba de daño otorgada por la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo”.

También precisa que “una vez finalizada dicha auditoría, es decir, emitido el oficio de conclusión de auditoría, prescribe el carácter de información reservada y se hará pública en el portal web de auditoría de la Contraloría del Estado”.

Así que hay dos pendientes en torno a este tema: la transparencia de la información una vez que la auditoría termine y, la más importante, la responsabilidad que tuvieron quienes encabezaron la secretaría, ante el desastre financiero y administrativo que dejaron.

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JJ/I