Por la defensa de nuestros derechos

Integrantes y colaboradores del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentaron el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2017. La presentación puso de manifiesto la gravedad de las diversas violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Hombres y mujeres a lo largo y ancho de la América Latina, México y particularmente de Jalisco sufren por los abusos de quienes detentan el poder político, la explotación laboral y el pago de salarios de miseria, o bien, el abuso de caciques locales, muchas veces coludidos con autoridades municipales y particularmente de vejaciones por parte de policías, militares o marinos, cuya labor debería garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La defensa de los derechos humanos nos parece una buena causa y quienes trabajan en ello merecen toda nuestra admiración, pero cuando pasamos de los principios y de un tema genérico, aceptado y bien visto por la sociedad, a la violación concreta de los derechos de las personas, es difícil creer que hoy en México, en Jalisco, en territorios específicos, la tortura persista, que 7.5 mujeres sufran violencia y sean asesinadas, dejando en completa indefensión a sus hijos.

Un problema creciente es el de las desapariciones. Cuidado, no se trata sólo de un problema del pasado. En Jalisco, durante la última década, se registraron 22 mil 415 casos y aún no se sabe nada de mil 380. Hoy, en pleno 2017, se registran oficialmente 3 mil 762 personas desaparecidas: mil 336 mujeres y 2 mil 426 hombres. Sin lugar a duda una cifra que asusta, pero al conocer casos y testimonios específicos y reales de 131 personas violentadas, robadas y desaparecidas en la Costa Sur podemos constatar el abandono y la indefensión en los que estamos. Estos problemas reales, el sufrimiento de las personas y sus familias contrastan con los discursos de las autoridades que nos hablan de un país bien distinto.

Una constante en los diversos casos es constatar que se agudiza, se incrementa y se normaliza la violación permanente a los derechos específicos de las personas, al tiempo que se incrementa el miedo a realizar denuncias por allanamientos a viviendas o comercios, agresiones y robos por parte las policías locales, federales, miembros del Ejército y ahora también de la Marina, última institución que hasta hace poco gozaba de cierta credibilidad en los operativos realizados en contra del crimen organizado.

Hoy, en Jalisco, la Marina ha sido parte de agresiones a personas, robos y levantones, en la costa y en el sur. Al parecer ni el gobierno federal ni el gobierno de Jalisco tienen la capacidad de frenar estas violaciones a los derechos de las personas. Las autoridades han sido indolentes y poco eficaces para frenar el incremento de agresiones por parte de sus mismos elementos, cuánto más incapaces serán para frenar los abusos del crimen organizado.

Así se repite el círculo perverso de violación de derechos y garantías para vivir una vida digna y en paz, que acarrea el atemorizamiento de la población a denunciar y a la impunidad. Quedan apenas las instituciones, organizaciones y defensores de los derechos humanos como garantes de una incansable lucha, del esfuerzo de una sociedad que se niega a ser violentada y a dejar que no haya consecuencias, que no pase nada, que se aplica a fin de que no se hagan “normales” situaciones inaceptables.

Dentro de todo el horror y la indignación que causa enterarse, conocer de manera precisa diversas formas que cobran el atropello a la vida y a los derechos de las personas en América Latina, en nuestro país y en las distintas regiones de Jalisco, anima constatar que cada vez más periodistas, abogados, personas y colectivos defensores de los derechos humanos, estudiantes y grupos organizados se suman decididamente a la defensa eficaz de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

JJ/I