Van por controversia 'vs.' Zapotillo

El Congreso del Estado buscará frenar definitivamente el proyecto de la Presa El Zapotillo en los términos en que está diseñado. El coordinador de la fracción mayoritaria, el diputado de Movimiento Ciudadano Salvador Caro Cabrera, confirmó que promoverán una controversia constitucional contra el acuerdo de distribución firmado en 2005 por el ex gobernador panista Francisco Ramírez Acuña.

El argumento de esta acción legal, explicó, es que firmó un acuerdo que establece compromisos que rebasaban su gestión sin pedir la autorización del Congreso del Estado, obligación prevista en la Constitución Política del Estado de Jalisco.

La petición de emprender acciones legales fue presentada por Salvador Caro y su compañero de bancada Augusto Valencia López. Se espera que en la sesión que se llevará a cabo este 24 de mayo se someta a votación o a más tardar a principios de junio. El coordinador parlamentario de los naranjas consideró que se alcanzarán los votos suficientes.

La propuesta es para que se emprendan las acciones administrativas o jurisdiccionales “para demandar la nulidad del denominado acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, y los ejecutivos de los estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del río Verde”.

Ese convenio fue firmado, de parte de Jalisco, por el entonces titular del Poder Ejecutivo, Francisco Javier Ramírez Acuña.

El acuerdo al que se refieren los legisladores es el que sigue vigente y que, por tanto, mantiene vivo el proyecto de la Presa El Zapotillo.

Evidencia

Entre los antecedentes que aportan los legisladores hay una carta que envió Ramírez Acuña a Conagua, en la que informa que se canceló el proyecto San Nicolás, ante la oposición de los habitantes de San Gaspar, para que se inundara esa población y su iglesia, que data del siglo 13.

En ese texto, el ex mandatario señala que el 15 de diciembre de 2004 acudió a San Gaspar de los Reyes, acompañado del entonces gerente regional Lerma-Santiago-Pacífico, Raúl Iglesias Benítez, así como de quien era titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Enrique Dau Flores, y se comprometió con los habitantes que se harían estudios sobre la factibilidad técnica de construir una presa en ese sitio.

Al no llevarse a cabo esos estudios, agrega, se cancela el proyecto y presenta la propuesta de El Zapotillo, para que “no se afecte ninguna comunidad y tampoco tierra fértil”.

Ramírez Acuña firmó además, el 1 de septiembre de 2005, un nuevo acuerdo de distribución de las aguas superficiales de la cuenca del río Verde que, según lo expuesto por los diputados, implica renuncia a los derechos que tenía Jalisco, de los decretos federales del 7 de abril de 1995 y del 17 de noviembre de 1997 sobre 300 millones de metros cúbicos, dejándolos sólo en 57 millones de metros cúbicos.

Motivo

La controversia constitucional había sido anunciada por la fracción de Movimiento Ciudadano desde hace un año; sin embargo, apenas fue presentada este 19 de abril. Salvador Caro señaló que Ramírez Acuña tomó una decisión unilateral que afecta “a los jaliscienses, su territorio y sus aguas, sin tomar en cuenta al Congreso, cuando los efectos de sus decisiones para la firma de los convenios implicaban que iban a trascender su gobierno, más porque lo estaba haciendo en la última etapa. Eso, evidentemente, es controvertible”.

Fue precisamente a través de una controversia constitucional que se detuvo la construcción de la cortina de la presa en menos de 80 metros, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del Congreso del Estado que el también ex gobernador panista Emilio González Márquez había firmado un acuerdo sin autorización del Poder Legislativo.

Caro Cabrera consideró que Ramírez Acuña se excedió más que su sucesor, “porque se trata de disponer de bienes para mandarlos a otro estado”.

Salvador Caro señaló que al estar vigente el convenio y no haberse ejecutado todavía, es posible que se acuda a la controversia constitucional.

La consecuencia de estas acciones, agregó el líder de la fracción de MC, es lograr un nuevo acuerdo para que “las aguas que están en nuestro territorio sean para los jaliscienses”. Esto incluye replantear el proyecto de El Zapotillo, que no se amenace a ninguna población, que se dote de agua suficiente para su desarrollo a la región de los Altos y que el abasto de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara esté garantizado.

De la posibilidad de obtener el respaldo de votos suficientes para interponer la controversia, señaló que es un tema que no sólo incumbe a su bancada, sino al estado de Jalisco “y yo veo coincidencias”. Agregó que cree que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz está “entre la espada y la pared”, pues sabe que debe defender los intereses de los jaliscienses y, al mismo tiempo, seguir las órdenes que le da el gobierno federal.

Francisco Ramírez Acuña

Algunos puntos del convenio

• . Se trata de un convenio para “llevar a cabo un programa especial sobre usos y distribución de las aguas superficiales propiedad nacional de la cuenca del río Verde, con el objeto de lograr el abastecimiento de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, localidades de los Altos de Jalisco y zona conurbada de Guadalajara”
• . Ese proyecto, se precisaba, consistía en “la construcción y operación de la infraestructura hidráulica en el río Verde en los sitios Zapotillo y Arcediano (este se eliminó en una reforma posterior)”
• . Se establece la necesidad de realizar estudios sobre los proyectos para la construcción de las presas, el acueducto a la ciudad de León y los ramales a las localidades de los Altos
• . El gobierno de Guanajuato se comprometió a que el agua que se tome de la cuenca del río Verde para su aprovechamiento se retornará debidamente tratada. El caudal que no se alcance sería subsanado por la Comisión Nacional del Agua
• . El gobierno de Jalisco se comprometió a aportar “los recursos financieros para construir los ramales a las localidades de los Altos de Jalisco”.
• . La distribución del agua se hará con base en el decreto de reserva del 17 de noviembre de 1997
• . La Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Guanajuato aportarán los recursos necesarios para construir el sistema Zapotillo-León, para llevar un volumen máximo anual de 199 millones 837 mil metros cúbicos
• . La inversión marginal para regular y conducir los volúmenes máximos por 56 millones 764 mil 800 metros cúbicos anuales será cubierta por la Comisión Nacional del Agua

Las inconsistencias que se señalan del convenio

• . Se celebró por tiempo indefinido y se compromete a próximas administraciones, sin autorización del Congreso del Estado
• . Los servidores públicos actuaron en perjuicio del patrimonio y del bien público de Jalisco, en un acto arbitrariamente unilateral, omitiendo la autorización del Congreso, prevista en la Constitución Política del Estado del Estado de Jalisco
• . El ex gobernador Francisco Ramírez Acuña firmó un acto jurídico para el que no tenía facultades legales
• . Si un acto o diligencia de autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él resultan también inconstitucionales
• . El convenio no prevé las obras, caudales ni recursos para llevar agua a la zona metropolitana

JJ/I