Trump y el control de los migrantes

Si Zapata viviera hoy, seguro habría sido migrante.

La animadversión de Trump frente a México y los mexicanos, que hace extensiva a todos los migrantes latinos, ha sido un punto central en su estrategia antiinmigrante. Por un lado, trata de presionar a las autoridades de México para que contengan a quienes se afanan por llegar a los Estados Unidos en busca de trabajo, mejores ingresos y la ilusión de una vida próspera. Por otro lado, ensaya diversos mecanismos para imponer su política antiinmigrante, que han ido desde la construcción del muro hasta la amenaza de cerrar la frontera, pasando por el incremento de policías fronterizos de 3 mil 750 a 6 mil efectivos en lo que va del año o la presión creciente a empresas y empresarios que dan trabajo a los indocumentados.

Tanto en los Estados Unidos como en México las presiones de Trump se dejan sentir, pero también la resistencia, la reacción discordante de movimientos de migrantes, funcionarios de alto nivel, gobernadores y emprendedores que reconocen la necesidad de perfilar acuerdos bilaterales que preserven los derechos fundamentales de quienes se deciden a emigrar. La renuncia de la secretaria de Seguridad Kirstjen Nielsen y la sustitución por el ex agente aduanal Mc Allenan, es una muestra de los desencuentros.

Las medidas de presión para inhibir la migración han incluido la separación de familias, en las que de 47 mil niños migrantes no acompañados o separados de sus padres, muy pocos han sido reintegrados con sus familias. Jueces de diversos distritos, particularmente del sur de California, se han opuesto a dicha medida que inauguró Obama y ha secundado Trump. Aunque en México no se quiera reconocer, la presión para acelerar la aprobación de la reforma laboral provino del presidente de los Estados Unidos, quien la puso como condición para que avancen las negociaciones sobre un nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para muchos trabajadores mexicanos, campesinos, indígenas, despojados de sus tierras, de sus minas, aguas y otros recursos, y de su derecho a un trabajo bien remunerado; para quienes han sido violentados y perseguidos en Honduras, Guatemala o el Salvador, entrar como trabajadores ilegales a los Estados Unidos no es una opción entre otras para mejorar sus ingresos y calidad de vida; han sido empujados para asumir por cuenta propia el riesgo de convertirse en migrantes e indocumentados que buscan opciones de trabajo en Estados Unidos.

México propuso como estrategia conjunta para atacar las causas profundas de la migración, la inyección de recursos en proyectos productivos que generarían fuentes de trabajo en las zonas especiales del país y en el triángulo del norte de Centroamérica; pero lejos de ver con buenos ojos el proyecto de López Obrador, Trump ha mantenido la presión para que sea México quien contenga a los migrantes en las fronteras sur y norte, así como dentro del territorio mexicano.

Las remesas constituyen un recurso con el que cuentan los familiares que se han quedado en los lugares de origen, 84 por ciento de esas divisas son vitales para la sobrevivencia de las familias y son una de las principales fuentes de ingresos para los países expulsores de trabajadores migrantes. En 2019 se calcula que las remesas sumarán los 35 mil millones de dólares, 6.43 por ciento más que en 2018.

Por su parte, organizaciones pro migrantes aseguran que ya no hay caravanas de a pie, ahora son apoyados con el traslado en autobuses, asesorías para realizar trámites migratorios y anunciaron que el 1 de mayo marcharán al lado de organizaciones obreras para exigir del presidente y gobernadores el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores internacionales. Alrededor de 30 organizaciones agrupadas en El poder del pueblo se movilizarán “para recordarle al gobierno que tienen capacidad y actitud para pedir una reforma migratoria justa”.

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