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¡Ánimas no!
Mejor restar
Los intentos del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez por impedir que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia recurran a la controversia constitucional para combatir la reforma al Poder Judicial ya promulgada el martes 10 van rumbo al fracaso.
Ni el encuentro que el mismo gobernador tuvo en privado en Casa Jalisco con los 11 magistrados a los que él aplaudió en sus redes sociales porque en julio pasado votaron en contra, no de la controversia, sino de aprobarla en aquel momento ni el que sostuvo el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, con los 16 magistrados que votaron a favor –Alfaro no quiso reunirse con ellos–, lograron hacerlos cambiar de opinión y es cuestión de días para que recurran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el plazo de 30 días hábiles que la ley les concede.
Los magistrados se mantienen también firmes en su posición: las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial no tienen mayor importancia para ellos si en los artículos constitucionales se mantiene la violación a su autonomía, con la intervención de agentes externos en su vida interna, y se pretende violentar un derecho adquirido como es el haber de retiro, no obstante que este tema es ya cosa juzgada por la propia Corte que falló a favor de los magistrados de Jalisco y a partir de ahí ha servido para emitir resoluciones similares en otras entidades como Nuevo León.
Además, advierten que la implementación de los exámenes de control y confianza es una violación flagrante al artículo 21 constitucional que establece quiénes son los entes sujetos a estas evaluaciones, por lo que si pretenden aplicárselos en su reforma ya promulgada tendrán primero que modificar la Constitución federal.
En el Poder Judicial niegan que haya una fractura interna como se presume por la postura del magistrado presidente, Ricardo Suro Esteves, de no estar de acuerdo con recurrir a la controversia y a favor de someterse a lo que establecen la reforma ya promulgada y la nueva ley orgánica que está por ser presentada en el pleno del Congreso para su aprobación.
Se asegura que hasta el momento ninguno de los 27 magistrados se ha pronunciado en contra de recurrir a la controversia, y que la postura de los 11 que se reunieron con el gobernador Alfaro sigue siendo acatar lo que acordó la mayoría, pues lo único que ellos planteaban era que se sometiera a votación acudir a la Corte hasta que fuera publicada la reforma en el periódico oficial del estado, lo que finalmente no sucedió.
De igual manera, rechazan que vaya a ponerse nuevamente a consideración del pleno del Supremo Tribunal si recurren o no a la controversia, pues los acuerdos ya aprobados no pueden ser abrogados ni se les puede dar marcha atrás, por lo que lo decidido en aquella sesión del 9 de julio sigue vigente y en firme.
Pero por si fuera poca la posición firme y decidida del Poder Judicial para recurrir a la controversia, los diputados sufrieron en días pasados un severo revés por parte de la Suprema Corte que falló a favor de los magistrados Héctor Delfino León Garibaldi, ya fallecido; Carlos Herrera Palacios y José Félix Padilla, ya retirado, al nulificar el acuerdo del Congreso del Estado con el que según los diputados concluía el plazo de los arriba referidos para ser magistrados.
Esta resolución de la Corte beneficia indirectamente también a otros dos magistrados: Juan José Rodríguez, ya retirado, y Celso Rodríguez González, quien obtuvo un amparo de manera directa. Sin duda esta resolución de la Suprema Corte a favor de los magistrados y en contra de los diputados, representa una señal del sentido que tendrá la controversia a presentarse, y que será a favor del Poder Judicial, a decir de especialistas en el tema. Y si no, al tiempo.
ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.
JJ/I