Analiza oposición impugnar elección  

CIUDAD DE MÉXICO. Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD) analizan los cauces legales para impugnar el procedimiento que se llevó a cabo en el Senado de la República, donde se nombró ayer a Rosario Piedra Ibarra presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

En entrevista, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, consideró que lo más viable es interponer un amparo en lugar de una controversia constitucional, ya que dicho en recurso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la facultad de atraerlo y tomar la última decisión. 

“Lo que creo que puede resultar procedente es el amparo, tendría que ser ante un juez de distrito y solicitar en su caso la facultad de atracción, por la relevancia y la importancia, va a depender del número de amparos y de que la SCJN haga la valoración si ejerce o no la facultad de atracción”, precisó. 

Mancera indicó que para interponer este amparo se tiene que estudiar con exactitud cuáles serían los conceptos de violación, y de ahí el amparo puede ser colectivo o por cualquier particular.  

Por su parte, la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruíz informó que en su banca se analiza el tema del amparo, y apuntó que la vía que señala Mancera “es la que nosotros hemos planteado y vamos a ejercer nuestro derecho. 

ONG PRESENTA QUEJA 

“¿Han asesinado periodistas?, así fue como respondió extrañada Rosario Piedra, nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante el cuestionamiento de un reportero sobre la situación de los comunicadores y de que este año ha sido el peor para los periodistas. La presidente aseguró que desconoce si este año han matado a periodistas, pero conoce bien los que murieron durante los pasados sexenios. Por esa respuesta, la organización no gubernamental Periodistas Desplazados de México presentó una queja ante la CNDH en contra de su propia titular, Rosario Piedra Ibarra. 

La respuesta (¿han asesinado a periodistas?), asegura la ONG, es una violación a derechos humanos de las familias de los comunicadores asesinados en México. 

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