Quinto Patio 

Los que alguna vez fueron enemigos del gobernador Enrique Alfaro ahora merecen contratos millonarios. Seguramente recordarán que cuando llegó a la presidencia municipal de Guadalajara, el ahora mandatario estatal emprendió una guerra contra los desarrolladores inmobiliarios que construyeron torres de departamentos ilegales. Entre estos empresarios estaban Armando González Farah y Ernesto García de Quevedo Ochoa, quienes construyeron de manera ilegal dos torres de 10 pisos de departamentos.

Y la ilegalidad de la construcción no la encontró esta vecindad, sino la que entonces era coordinadora de Gestión del Territorio, Patricia Martínez Barba, quien aseguró que se les habían entregado permisos de manera ilícita, por lo que promovieron un juicio de lesividad. Esta misma funcionaria coordina el área de la que depende la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la cual entregó el millonario contrato de mantenimiento de carreteras a las empresas de González Farah y Ernesto García. Pero no seamos mal pensados, lo que pasa es que la vi-da-da-vuel-tas.

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Ayer se dieron a conocer los resultados del vigésimo sexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), realizada por el Inegi en la primera quincena de diciembre de 2019. El resultado es que en el país 72.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Puestos los lentes sobre Jalisco, anotemos que de septiembre a diciembre de 2019 en Guadalajara, Tlaquepaque y Puerto Vallarta la percepción social de la inseguridad pública bajó de 84 a 81.3; de 72.5 a 70.6, y de 37.8 a 34.2, respectivamente, aunque en GDL está por arriba de la media nacional; en Zapopan aumentó de 68.4 a 69.3, y lo que es Tonalá y Tlajomulco se dis-pa-ró: de 76.9 a 82.1, y de 72.5 a 82.5, respectivamente. En Tlajo fue peor, pues como lo dice el Inegi: es un cambio “estadísticamente significativo”. O sea, chamba, y harta, le falta por hacer al alcalde Salvador Zamora. Fosas clandestinas brotan en el municipio.

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¡Órale! ¡Devuélvanle el celular, gachos (ponga aquí el insulto que más le agrade)! ¿A quién le robaron el celular? Pues al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la UdeG, Javier Armenta. Lo relata así: “Acaban de robarme mi celular, les anticipo por si hacen mal uso de mis redes o no atiendo sus llamadas. ¡Espero poder desactivar mis cuentas pronto de ese equipo! Saludos y buen día”.

Y ándale, el robo ocurrió este jueves, día en que se presentó el programa Sendero Seguro en la Prepa 6, en Miravalle. En la presentación estuvieron el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, y la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Nena Limón, quien destacó que invirtieron 4.6 millones de pesos para recuperar el espacio con plazoleta, locales comerciales, luminarias y baños. Todo muy bien, pero, ¿y el celular de Armenta?

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Luego de revelarse que el gobernador Enrique Alfaro, el coordinador del gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez, y el director de Enlace Institucional, Pablo Ibarra, solicitaran en 2019, a la Secretaría de la Defensa Nacional, licencia para portar armas, se nos cayó medio centímetro la quijada.

Pero tras conocer que la solicitud de licencia fue para enfrentar un posible ataque por la inseguridad “alarmante” (así la calificó Alfaro) en Jalisco y el país, la mandíbula descendió ¡2 centímetros! De ahí que esta vecindad solicita que Alfaro gestione, mínimo, resorteras calibre piedronón 45 a todos los jaliscienses. Eso, ante su reconocimiento oficial de la “alarmante” inseguridad que padecemos. ¡Toing!

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