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Rompiendo
Ley Telecom
El año que terminó ha sido el más violento desde que comenzó el registro de víctimas. En promedio, cada día fueron asesinadas en México 95 personas y el 1 de diciembre, justamente cuando se cumplió un año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el número de muertes violentas sumó 127, un promedio de cinco muertos cada hora. Entre enero y noviembre la cifra de homicidios alcanzaba 31 mil 688.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación actualizó el 6 de enero la cifra de personas desaparecidas. Entre 2006 y 2019 se tienen registrados 60 mil 53 casos. Las fosas clandestinas también se multiplican.
Además del número de asesinatos, en los últimos años ha sido notoria la saña con que se cometen. Recordemos solamente algunos casos que ocurrieron en 2019. En Minatitlán, Veracruz, un grupo de sicarios irrumpió en una fiesta infantil y acribilló a 13 personas, entre ellas a un niño de 2 años. Dos líderes de comerciantes fueron asesinados en pleno Centro de Cuernavaca, Morelos, mientras eran entrevistados por periodistas. En Uruapan, Michoacán, los restos de 19 personas fueron esparcidos una noche por diversas calles de esa ciudad. Los criminales colgaron algunos cadáveres en puentes. En un ataque a un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, asesinaron a 12 personas. En Aguililla, Michoacán, una emboscada dejó 13 policías muertos. En Ciudad Juárez mataron en una sola jornada a 18 personas, a ocho de las víctimas les prendieron fuego. En los límites de Sonora y Chihuahua fueron masacradas tres mujeres y siete niños de la comunidad LeBarón.
La delincuencia está desbordada. Y hemos referido solamente los delitos más graves. A ello hay que sumar asaltos, secuestros, violaciones, lesiones, robos, extorsiones…
La manera en que el gobierno debe enfrentar este grave problema genera una encendida polémica y polariza a la sociedad. Hasta ahora las autoridades han optado por dos posturas extremas: balazos o abrazos. Ninguna de ellas ha dado resultados.
Una de las primeras determinaciones que tomó el panista Felipe Calderón cuando llegó a la Presidencia en 2006 fue declarar la guerra al narcotráfico y sacó al Ejército a las calles para combatirlo. Se desató la violencia y el problema no se resolvió.
Cuando López Obrador era candidato afirmó que para resolver el problema de la seguridad habría que dar “abrazos y no balazos”. Ya como presidente afirmó: “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”.
La opción por los “balazos” de Calderón o los “abrazos” de López Obrador es, desde mi punto de vista, una falsa disyuntiva. Ambas son posturas extremas que no resolverán el problema. Ni una ni otra bastan. Ni la “guerra” del panista ni el llamado del actual presidente a las madrecitas para que convenzan a sus hijos de que dejen de delinquir. El “fúchi, guácala” y los proyectos sociales no bastan si no hay al mismo tiempo un combate eficaz a los sicarios y a la impunidad con que operan los delincuentes.
Es responsabilidad del Estado garantizar la paz y por ello tiene el monopolio de la violencia. El uso de la fuerza es legítimo en algunos casos. Siempre apegado a la legalidad y al respeto a los derechos humanos. Se requiere una policía bien preparada que enfrente a los delincuentes. Al mismo tiempo hay que crear oportunidades de acceso al empleo, al trabajo digno, a la cultura. Se requiere una estrategia articulada y la participación de todos en la construcción de la paz. La polarización y las posturas extremas propician más violencia.
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jl/I