Desapariciones e innovación social

De acuerdo con un texto publicado por los investigadores Mulgan, Tucker, Ali y Sanders en 2007, la innovación social surge cuando los problemas empeoran, los sistemas no funcionan y las instituciones atienden problemas del pasado y no del presente, y entonces se cobra conciencia de la brecha existente entre lo que es y lo que debería ser, es decir, entre lo que la gente necesita y lo que el gobierno, la iniciativa privada y las organizaciones no gubernamentales ofrecen. 

Esos autores se dieron cuenta de que el cambio social requiere la alianza entre pequeñas organizaciones, individuos y grupos que proponen nuevas ideas, capaces de moverse con agilidad y hacer “polinización cruzada”, y las grandes organizaciones que no tienen tanta creatividad, pero poseen la resistencia y las raíces necesarias para hacer que las cosas sucedan. 

De ese modo, tomando en consideración varios casos, los autores elaboraron una teoría de la innovación social que tiene tres enunciados: primero, las innovaciones sociales suelen ser combinaciones nuevas o híbridos de elementos ya existentes, más que ser totalmente nuevas en sí mismas; segundo, llevar las innovaciones a la práctica generalmente implica atravesar fronteras organizacionales, sectoriales o disciplinarias y, tercero, las innovaciones sociales, a diferencia de las tecnológicas, generan nuevas y fuertes relaciones sociales entre personas y grupos antes separados. 

Hago referencia a lo anterior porque el actual gobierno de Jalisco se puso en marcha con propuestas que pretendían generar innovación social, para generar una nueva relación entre mandantes y mandatarios, y comenzar a reconstruir el pacto social que le dio existencia a nuestro estado, que actualmente parece haberse agotado. Esa propuesta se definió como la refundación de Jalisco. 

Y en este momento me parece que si hay un tema que requiere de apuestas innovadoras es el de la atención a los casos de personas desaparecidas, dado que lo que hasta ahora se les ofrece a esas personas y a quienes las buscan es insuficiente, porque estamos enfrentando una situación de crisis que ya rebasó los mecanismos institucionales con los que contábamos. Ese no es un tema que las autoridades puedan pretender regular sin incluir a quienes puedan aportar su saber en la redacción de las leyes. Este tema tiene que atenderse de una manera socialmente innovadora e incluyente. 

Y precisamente, en días pasados familiares de personas desaparecidas le plantearon tres exigencias al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, esperando su respuesta a más tardar el 14 de febrero, que son: 1. Fijar metas en conjunto con familias, colectivos, universidades, sociedad civil y autoridades responsables para el corto y mediano plazo, con indicadores de cumplimiento. 2. Instalar las mesas interinstitucionales que prometió desde el 7 de octubre de 2019 para dar seguimiento a la consecución de las metas acordadas. 3. Prestar especial atención a las capacidades de investigación, persecución del delito y litigación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, creando un mecanismo ciudadano de observación y evaluación. 

Las instituciones jaliscienses, en especial los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen la oportunidad de poner al estado a la vanguardia con metodologías innovadoras en la atención de un problema tan grave y que causa demasiado sufrimiento en todo el país. Sin embargo, si rechazan esa oportunidad, y optan por seguir haciendo las cosas al modo de antes, quedará claro que aun si se llegara a aprobar una nueva Constitución estatal no habrá refundación. 

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