La cobertura informativa de crímenes y los feminicidios

Los fotógrafos de la prensa local acudían regularmente a los sótanos de Guadalajara. Ahí se encontraban oficinas y calabozos del tétrico Servicio Secreto. Con sus cámaras ingresaban a captar imágenes de los detenidos. Formaban a los carteristas, asesinos, violadores, ladrones y a quienes se acusaba de cometer delitos. En ocasiones alguno de los presos se oponía a que le tomaran fotos, cubriéndose el rostro. “¡Ey! ¡Quítate las manos de la cara!”, le exigían. Un fotoperiodista retirado narra que debió meterse al calabozo, arremeter contra un detenido y obligarlo a no taparse. “Yo traía prisa”, justifica. Era lo ilegal convertido en normal. 

En esas décadas no existían oficinas de prensa ni boletines. Los reporteros también ingresaban a las oficinas del Servicio Secreto, que por anticonstitucional fue desaparecido a finales de los años 70, y entrevistaban a jefes policiacos, agentes y presos para redactar las notas. Los comunicados de prensa vendrían años después. Llegaban en sobres con las fotos de los presuntos delincuentes. Los enviaban las corporaciones municipales, estatales y federales. Sin cubrirles los ojos, como ahora. 

Los trabajadores de los medios informativos recorrían la Cruz Roja, las cruces verdes, las policías municipales y estatal, la Procuraduría General de Justicia del Estado, los bomberos y otras dependencias, además de acudir a observar acontecimientos y dar cuenta de ellos. Siguen esas rutinas, pero los tiempos han cambiado, los contextos son otros. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, la posibilidad de que cualquier persona pueda informar y opinar modificaron los procesos de producción informativa noticiosa. 

La mal llamada nota roja, en realidad fuente de seguridad pública o judicial, es de las más riesgosas para los periodistas. La larga lista de asesinados lo demuestra. Es un área del periodismo que exige cierto perfil, capacitación permanente, medidas de seguridad, compromisos éticos y apoyos de las empresas. 

Reporteros, fotógrafos y camarógrafos ignoran si el jefe policiaco que entrevistan, les pasa tips o se dice “amigo”, es miembro de un grupo delictivo. Son periodistas que por su labor pueden recibir amenazas, intimidaciones o ataques; ofrecimientos de sobornos, acoso de abogados ligados a tal o cual banda, censura y autocensura de notas, que deben comprar con sus recursos el equipo que utilizan, que son desprotegidos por dueños de las empresas, que se topan con la cerrazón de fuentes, etcétera. Enfrentan numerosos obstáculos. Eso poco ha cambiado. 

Lo que tampoco ha cambiado es el manejo de la información policiaca en numerosos medios, con responsabilidad también de editores y directivos. Que tengan un amplio mercado de consumidores, quieran más rating o links no justifica que vendan morbo, espectáculos necrófilos y falten a elementales derechos de las víctimas. Un ejemplo es el tratamiento informativo que dan a los asesinatos de mujeres. Colectivos feministas y académicas han visibilizado, puesto en la agenda pública, el trato indigno, ilegal, insensible, revictimizador, irrespetuoso de la intimidad, atentatorio de los derechos de mujeres asesinadas por varones, gracias a un sistema político, ideológico, que lo engendra. 

El asesinato de Ingrid Escamilla es un horrible ejemplo, uno más, que evidenció la añeja práctica en corporaciones policiacas de filtrar imágenes. Eso debe combatirse, terminarse y sancionarse. Empresas informativas y periodistas están obligados a replantear las coberturas de los homicidios y, en particular, de los feminicidios, acordar y cumplir lineamientos editoriales de cómo informar adecuadamente, capacitar a los equipos editoriales, contar con defensores de sus públicos y asumir la convicción de no fomentar o normalizar la violencia contra las mujeres. #NiUnaMás. 

[email protected]

jl/I