Mantener el equilibrio energético

Apostar por el pasado o apostar por el futuro, así es como se plantea el dilema que enfrentamos en México por aprovechar combustibles fósiles, que tenemos en gran cantidad, para producir combustible y generar energía o facilitar las inversiones que se orienten al aprovechamiento de la energía solar y eólica. La decisión final es mucho más compleja, ha de integrar más elementos: económicos, ambientales, sociales, etc. Y sobre todo ha de mantener el equilibrio entre intereses privados y públicos, entre inversiones y las condiciones bajo las que estas se promueven y sopesar a quiénes realmente benefician. 

El pasado 24 de abril, el gobierno federal emitió el Acuerdo para garantizar la eficiencia calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, y a propósito del acuerdo el presidente puso especial énfasis en la rectoría del Estado para “establecer, conducir y coordinar la política energética del país”, lo que se ejecutaría a través del Cenace (Centro Nacional de Control de Energía). 

Gobernadores de siete estados, entre ellos el de Jalisco, asumen una postura cómoda al exigir al gobierno federal apostar por “energías limpias” de los inversionistas extranjeros y se muestran atentos a las presiones internacionales en lugar de contribuir desde su posición de gobernantes, con el gobierno federal, a dilucidar los pros y contras de privilegiar una u otra alternativa, o mejor, encontrar el equilibrio que mejor beneficie al país hoy y de cara al futuro. 

Los empresarios nacionales presionan al gobierno federal para que abra oportunidades de inversión a empresas extranjeras en el sector energético, pero difícilmente hacen equipo en las negociaciones con el gobierno mexicano y la mayoría ni siquiera invierten su propio capital en ese rubro. Entre 2014 y 2016, la CFE producía un megawatt/hora en 386 pesos; comprarla a seis empresas extranjeras le costaba mil 440 por KW/h (ASF). La energía comprada nos costó tres veces más y México estaba obligado a comprarla durante la vigencia del contrato. En la cabeza de qué empresario serio cabría tal aberración. 

Aunque no lo veamos, las energías limpias tienen impacto ambiental en los ecosistemas donde se plantan parques eólicos, como es el caso de San Mateo del Mar, en el istmo. En México existen 31 parques eólicos, los más importantes se ubican en Oaxaca y en 2014 producían 1,751.6 MW, el de los Altos de Jalisco, 50.4 MW (El Financiero, 2014). Las hélices y generadores provocan ruidos insoportables, ahuyentan y matan a las aves migratorias, afectan a los peces en los lagos cercanos. En los proyectos del istmo, el gobierno federal y las empresas decidieron su instalación sin considerar siquiera al gobierno estatal y mucho menos a los campesinos e indígenas que viven en el entorno de los parques eólicos (La grieta 22/05/2020). La experiencia de las comunidades de Oaxaca y Yucatán, tras la reforma energética de 2013, fue la imposición de gobierno y empresas en 2014. Eso no puede repetirse. 

Será fundamental para el país promover la instalación y aprovechamiento de energías limpias, pero para gobiernos, empresarios y ciudadanos es muy importante que las inversiones se hagan bajo las mejores condiciones para México y que se nos informe sobre sus ventajas y dificultades. Es necesario que el gobierno se abra a las alternativas de inversión, pero no lo debe hacer a cualquier costo y considerando sólo las ventajas para los inversionistas; sino con el criterio de que esos nuevos proyectos aporten a los mexicanos. No podemos llamar energía limpia a aquella que se produce a costa del engaño y el despojo de las comunidades sólo para beneficiar a los inversionistas. 

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