Desapariciones forzadas desde la propia Fiscalía Estatal Jalisco

El jueves conducía la tercera emisión de InformativoNTR en la radio cuando el reportero Édgar Flores empezó a informar al aire el inicio de la manifestación por el asesinato de Giovanni López, ocurrida a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. Después, frente a palacio de gobierno, la protesta escaló a la violencia que ya conocemos. Édgar y el fotoperiodista Jorge Mendoza iban de un lado a otro, narrando lo que observaban, captando imágenes, entre gases y enfrentamientos, sorteando agresiones de uno y otro bando. El viernes fue peor. Ahora, el reportero Lauro Rodríguez informaba de las denuncias sobre policías que secuestraban a quienes se manifestaban o se dirigían a manifestarse afuera de la Fiscalía del Estado, en la calle 14 de la Zona Industrial. A plena luz del día, agentes de la fiscalía desaparecían y agredían personas.  

La ira, el desconcierto, el temor y la solidaridad inmediata movilizaron a numerosos jóvenes, familiares y periodistas. Twitter se colmó de mensajes en que informaban lo que sucedía y rastreaban el paradero de los desaparecidos por policías. El sábado, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández, señaló que lo ocurrido se puede tipificar técnicamente como desaparición forzada y que lo padecieron entre 27 y 60 jóvenes. 

Los policías actuaron a lo salvaje. ¿Quién ordenó el sucio operativo, no de levantones, sino de desapariciones forzadas? El gobernador Enrique Alfaro asegura que fue un mando de la fiscalía. Si es así, ¿entonces no manda en esa dependencia el fiscal Gerardo Octavio Solís? ¿O existe una especie de cogobierno? ¿Es posible confiar en la institución? ¿Es posible confiar en la investigación que hace la fiscalía de sí misma, acerca de lo que ocurrió, cuando está infiltrada por quienes tendieron “una trampa contra Jalisco”, desde la lógica alfarista? Familiares de los elementos de la fiscalía detenidos aseguran que son chivos expiatorios y que las órdenes las dio el fiscal. Una investigación periodística de MVS Noticias, realizada por Óscar Balmen y Luis Cárdenas, va en esa línea. 

Los periodistas recogen testimonios de agentes que revelan cómo los citaron en Casa Jalisco por órdenes del fiscal, el jueves 4 de junio, y les pidieron o proveyeron en el helipuerto de tubos y palos. Ya sabemos lo que sucedió. El viernes 5 los citaron a otra reunión urgente de nuevo, ahora en la fiscalía de la calle 14, donde los formaron “frente al fiscal”. La orden fue impedir que los manifestantes se acercaran a la fiscalía, conducir unos a los cuartos traseros del inmueble y a otros, “los más peligrosos”, llevarlos lejos de la zona metropolitana. 

“A golpes, y si era necesario quebrándolos, impedirían que los manifestantes ‘desestabilizaran’ Jalisco”. Los agentes relatan que la advertencia fue que, o demostraban fuerza o no les renovarían el contrato. Los tubos y palos fueron usados en otro acto de barbarie. Esto debe investigarse. Se rompió el estado de derecho. No es la versión que da el gobernador. 

Con ese panorama, lo más sano es que el fiscal deje el cargo mientras se realizan las investigaciones. O, más allá, que indague la Fiscalía General de la República. ¿Lo avalaría el gobernador al margen de las jiribillas políticas? Es necesario, justo, obligatorio, conocer la verdad. Si no se transparenta lo que realmente ocurrió, esto marcará el sexenio de Alfaro.  

El gobernador se presenta como víctima mientras especula sobre los presuntos victimarios. Es preocupante que diga que “no hubo un solo caso de desaparición”, cuando por horas de terror institucional no se supo del paradero de a quienes, precisamente, los desaparecieron en la modalidad de desapariciones forzadas. Eso debe aclararse y sancionarse, con todo rigor. 

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