Señalan fallas graves en Policía y Fiscalía

En los protocolos que se siguen en la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado hay graves deficiencias, según los resultados de las mesas técnicas de discusión y el Foro Construcción de Seguridad Ciudadana, los cuales fueron presentados ayer. En respuesta, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez reconoció algunas fallas, pero defendió la estrategia de seguridad de su administración. 

Las mesas y el foro se desarrollaron el año pasado tras las violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas del 4, 5 y 6 de junio de 2020, días en los que se exigió justicia por el caso de Giovanni López, quien murió a principios de mayo de ese año tras ser detenido por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos por presuntamente no usar cubrebocas. 

En las actividades participaron investigadores especialistas en la materia y entes gubernamentales, los cuales concluyeron que los protocolos de actuación policial no están adaptados a modelos internacionales en pro de los derechos humanos, lo cual quedó plasmado el 4, 5 y 6 de junio. 

Otro de los resultados fue que no hay transparencia ni evidencia de conocimientos técnicos en la toma de decisiones. Este hallazgo no quiere decir que no hay un sustento en las estrategias, pero sí evidenció que la población no conoce estos procedimientos. 

También se determinó que la seguridad está plagada de política, por lo que se recomendó que exista una separación para que la impartición de justicia sea una realidad, así como que en la Policía Estatal y en la Fiscalía no hay salarios ni prestaciones adecuadas a las responsabilidades de los agentes.  

En ese sentido, se encontró que no se les da acceso a salud integral ni tienen el equipamiento necesario. Tampoco existe una profesionalización y todo esto abona a la falta de calidad de las corporaciones. 

Otra de las deficiencias halladas fue que nadie vigila el actuar o los protocolos de los policías ni de la propia Fiscalía, por lo cual los participantes consideraron urgente que pueda crearse un organismo autónomo, independiente y externo para supervisar, vigilar y evaluar que las estrategias, el uso de la fuerza y el actuar policial estén apegados a derecho, a la protección de los derechos humanos y a los estándares internacionales. 

Además, se halló que no existe una comunicación proactiva para presumir los logros que sí genera la Fiscalía, lo cual repercute en que no haya confianza entre la población. 

Tras escuchar los resultados, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez reconoció deficiencias en la profesionalización de los elementos y las corporaciones, pero a la par lanzó un discurso en defensa de la estrategia de seguridad en el que afirmó que su administración ha cumplido en materia de seguridad. 

Por ejemplo, argumentó que los delitos patrimoniales lograron bajar 53 por ciento en 2020. Estos ilícitos, añadió, “le tocan” al gobierno estatal, mientras que los de alto impacto y relacionados con el crimen organizado son tarea del gobierno federal. 

Por otro lado, reconoció que el crimen organizado está infiltrado en todas las corporaciones de seguridad de todos los niveles, pero no mencionó qué se está haciendo para evitarlo o purgar a las instituciones. 

También aceptó que los hechos del 4, 5 y 6 de junio dejaron manifiesto que las Policías tienen deficiencias e indicó que hay limitaciones en el sistema de impartición de justicia del estado y el país, mismas que se han convertido en un factor que abona a una percepción negativa entre la población. 

Signan compromisos 

Luego de los resultados presentados el gobernador firmó una serie de compromisos a cumplirse este año. Las acciones comenzarán una vez que finalice el proceso electoral para evitar más politización del tema.  

Entre las acciones a impulsar se encuentra la elaboración de un diagnóstico general de cómo se encuentra el sistema de seguridad. Para ello habrá 100 días más de mesas de trabajo. 

Otro de los compromisos fue mejorar el sistema de comunicación de logros, resultados y deficiencias para que la población se involucre en la toma de decisiones. 

Comenzar el proceso de profesionalización de los elementos con la creación de una universidad policial que contará con una licenciatura y carreras de nivelación fue otro de los acuerdos. La institución deberá estar lista a finales de año. 

Los hallazgos 

• Los protocolos de actuación policial no están adaptados a modelos internacionales en pro de los derechos humanos 
• No hay transparencia ni evidencia de conocimientos técnicos en la toma de decisiones 
• La seguridad está plagada de política, por lo que se recomendó que exista una separación para que la impartición de justicia sea una realidad 
• En la Policía Estatal y en la Fiscalía no hay salarios ni prestaciones adecuadas a las responsabilidades de los agentes 
• No existe una profesionalización en las corporaciones, lo cual abona a la falta de calidad 
• Nadie vigila el actuar o los protocolos de los policías ni de la propia Fiscalía 
• No existe una comunicación proactiva para presumir los logros que sí genera la Fiscalía 

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