Integridad en el uso de los recursos públicos

En un sistema democrático es necesaria la existencia de lo que conocemos como contrapesos, para evitar los abusos de poder y el uso arbitrario de los recursos públicos. Esto es así porque a lo largo de la historia hemos visto que es la mejor manera de hacerlo. Si una sola persona puede decidir por sí misma qué hacer con todos los recursos a su disposición, la posibilidad de abusos es muy alta, sin importar si la intención era buena o mala. 

Desde la perspectiva de la integridad pública es importante y necesario que se rindan cuentas del uso de los recursos públicos. Y lo reitero, no sólo para evitar la corrupción, sino porque puede haber errores de juicio, errores en la percepción de quien toma una decisión, lo que puede provocar fallas en la prestación de un servicio público, y eso puede, a su vez, afectar la garantía de uno o varios derechos humanos, de una o varias personas. 

Ahora bien, desde la perspectiva de los derechos humanos, dado que todas las personas nos merecemos el mismo respeto, independientemente de la manera en que nos comportemos, la afectación a una sola persona es un asunto muy grave, no se diga cuando están involucradas más. En ese sentido, la integridad en el uso de los recursos es algo fundamental. 

Esto lo planteo porque hace unos días, NTR Guadalajara puso en evidencia que se habían utilizado recursos del fondo creado para atender las consecuencias de la pandemia para pagar, entre otros rubros, la comida de un grupo de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico en un bar, y la aplicación de pruebas detección de Covid-19 en laboratorios privados a otros dos funcionarios. 

En respuesta a esa publicación, el gobierno de Jalisco argumentó que el monto de lo gastado en el restaurante era proporcionalmente muy poco, del orden de 0.002 por ciento del fondo, mientras que no se comentó nada referente a las pruebas de laboratorio. 

Y, sí, efectivamente, desde una perspectiva meramente matemática el monto es muy bajo, pero desde la perspectiva de la integridad pública eso no importa, porque ese dinero no estaba destinado a cubrir los alimentos de los funcionarios que laboran en una secretaría que tiene presupuestado dinero para ese rubro precisamente (véase la partida 2216 en la página 248 del presupuesto de egresos de Jalisco para 2021, https://bit.ly/3zloTv9). Es decir, si se tienen recursos destinados a ese fin, ¿por qué se utilizan los recursos que tienen otro destino? ¿A quién no le queda claro que la pandemia nos está afectando de manera muy grave, y cada peso que indebidamente se le quita al fondo destinado a compensar sus efectos, es un peso que deja de utilizarse para garantizarle a alguien una mejor situación? 

La cuestión es que ese presupuesto no tiene reglas de operación, otra falla en términos de integridad, porque propicia este tipo de situaciones. Y ahí podemos ver otra falla en lo que se refiere a los contrapesos: el Congreso de Jalisco fue omiso en ese tema cuando aprobó la creación de la partida presupuestal 4418, a la que se le asignaron 3 mil 520 millones de pesos para hacer frente a los efectos de la pandemia, a solicitud del gobernador de Jalisco. ¿Por qué renunció el Congreso a una de sus principales facultades, la supervisión del ejercicio del presupuesto público? 

En fin, como haya sido, ahora deberían tomar cartas en el asunto el diputado Javier Romo, quien preside la comisión legislativa de Hacienda y Presupuesto; Arturo Lemus, de la Comisión de Higiene y Salud Pública, y Judith Hernández, de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción. De no hacerlo caerán en graves omisiones a su deber. 

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