Las migajas al Poder Judicial

Cada año la solicitud de presupuesto del Poder Judicial se convierte en un diagnóstico de las herramientas disponibles para la impartición de justicia. Y no es que las graves deficiencias que hay se limiten exclusivamente a asuntos de dinero, pero sin el personal, las herramientas y las áreas indispensables, resulta complicado que se tengan buenos resultados. 

Además, esa forma de vivir con el mínimo necesario ha hecho al Poder Judicial una víctima de los gobernadores en turno, que utilizan la chequera para alinearlo, lo que también sucede en el actual gobierno. Lo más delicado es que se cuenta con la complicidad de los presidentes del Poder Judicial en turno, que al margen del partido que gobierne muestran más interés por llevar una buena relación con el gobernador que por defender a la institución que representan. 

Según la petición de recursos que hicieron los tres órganos del Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa, la cual está contenida en el paquete económico que envió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al Congreso del Estado, las diferentes reformas que se han aprobado en los últimos años no tienen respaldo presupuestal. 

Como ya se publicó en El Diario NTR Guadalajara, según las cuentas del Consejo de la Judicatura, la creación de juzgados laborales tendrá un costo de 220.8 millones de pesos. Aunque en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 se advierte que hay recursos adicionales para cubrir las nuevas obligaciones del Poder Judicial en materia laboral, el incremento de recursos para la Judicatura es de apenas 118 millones de pesos, por lo que ni siquiera alcanzaría para los juzgados que se requieren. 

Es cierto que, al igual que sucedió con el sistema penal, la carga de trabajo para los futuros juzgados laborales será paulatina. Sin embargo, en mayo del próximo año vence el plazo que tienen los estados para tener instalada plenamente la estructura de impartición de justicia laboral, pues ya las demandas no podrán presentarse en las juntas. 

Además, Jalisco está en el último paquete de entidades en incorporarse a esta reforma que entrega las atribuciones para la impartición de justicia en materia laboral a los poderes judiciales, la cual actualmente depende de la Secretaría del Trabajo. 

La reforma laboral es federal, pero los estados deben adecuarse a los cambios. En el caso de Jalisco, fue apenas en agosto pasado que el gobernador Enrique Alfaro envió un par de iniciativas al Congreso del Estado para crear el nuevo Centro de Conciliación y los tribunales laborales. En la presentación de las propuestas, el mandatario dijo que era un momento decisivo para que cada poder haga lo que le toca. Pero desde el Ejecutivo no se previó la suficiencia presupuestal para que eso suceda. 

En febrero de este año, los diputados locales aprobaron una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para hacer posibles los juicios en línea, es decir, que éstos puedan promoverse, sustanciarse y resolverse de manera digital. 

Esa reforma se topa con una realidad: según la petición de recursos de la Judicatura, 70 por ciento de las computadoras de este órgano, 50 por ciento de las que tienen los juzgados penales y 80 por ciento en los juzgados del resto del estado tienen una antigüedad de 15 años. Es decir, ya ni siquiera pueden conectarse a Internet, según relatan. 

Los diputados también festejaron las reformas que se aprobaron para atender las demandas de familiares de personas desaparecidas, pero el personal que se requiere en el Poder Judicial para atenderlas tampoco fue presupuestado. 

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