El derecho a estar informados

La información y el derecho a la misma constituyen elementos importantes en la dimensión de los sistemas democráticos que, con algunos desvaríos, requieren constantemente una actualización de los elementos en los que estructura ese circuito. 

El desarrollo de los sistemas democráticos ha implicado, a lo largo de la historia, elementos muy importantes de intervención como lo fue el hecho, en primera instancia, de la inclusión de los ciudadanos en el modelo de organización del Estado. Los esquemas de gobierno tuvieron transformaciones políticas trascendentales que marcaron un cambio respecto de los modelos monárquicos y autocráticos del, así llamados por Alexis de Tocqueville, Antiguo Régimen, a los modelos de representación democrática. 

En ese sentido, la dimensión de la democracia como instancia representativa de una ciudadanía interviniendo en el establecimiento de sistemas de gobierno, implicando un papel de representación ciudadana que, a través de órganos legitimados para asegurar la representación, se establecen los partidos políticos que constituyen la oferta, respecto de la cual los ciudadanos pueden tener opciones para elegir a sus representantes en la función de gobierno. En todo este circuito, el factor de legitimación radica en una ciudadanía representante y representada, despegándose de manera radical de los atavismos autocráticos y plasmándose en las leyes reglamentarias de cada país las características de unidad esencial de gobierno en el ciudadano, y a partir de ahí, la construcción de las instituciones representativas de gobierno. 

La información, como se puede desprender de este esquema, constituye un inaplazable e inalienable derecho ciudadano, porque constituye un elemento fundamental en la toma social de decisiones. Por otra parte, los gobiernos en su rol de órganos representantes de la gestión se obligan a una rendición de cuentas respecto del estado de cosas que guarda el esquema de la administración pública. 

El modelo democrático, el sistema de representación y participación ciudadana, así como el derecho a la información, son principios establecidos en el orden constitucional. De esta forma, una demanda ciudadana de información está legitimada en esa tríada. 

En el caso del pensador alemán Jürgen Habermas (1982), la noción de “espacio público” permite comprender la forma en la que los ciudadanos estructuran su experiencia social y política en la sociedad a partir de la comunicación que adquiere la relevante dimensión: pública. Por su parte, Dominique Wolton (1995) señala que en el caso de la comunicación política se estructura un “espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, los periodistas y la opinión pública”. Se entiende pues, la interacción en un modelo de democracia representativa. 

En el ánimo de esa participación ciudadana y de una estructura que correspondiese a la salvaguarda de los intereses ciudadanos, se creó en 2002 el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que se transformó en el actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Inai, que constituyen fórmulas y órganos que refrendan y proyectan el derecho ciudadano de acceso a la información. 

Es importante recordar, desde la ciudadanía y entre los órganos de gobierno, la relevancia que tiene el derecho a la información por el carácter de insumo estratégico de gran valía en la conformación de la proyección de un modelo que represente a la ciudadanía. Los golpes de deseo autoritario, impidiendo el flujo del legítimo derecho a informar y estar informados, deslegitiman de manera profunda y erosionan el modelo por el que se ha implicado un profundo trabajo social a lo largo de nuestra historia reciente. 

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