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Ante las amenazas de autoridades jaliscienses a integrantes de un colectivo de búsqueda de desaparecidos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) reprobó el uso de la fuerza policial en su contra. Por esta razón, el organismo defensor inició el acta de investigación 008/2022/IV.
“Se reprueba el uso de la fuerza pública en contra de personas que legítimamente buscan la verdad y la justicia. No es con actos intimidatorios como debe responderse ante el clamor de madres que viven la tragedia de no encontrar a sus seres queridos, y si se asumen compromisos para la entrega de cuerpos de personas fallecidas, deben cumplirse en los términos que se señalen”, enfatizó la defensoría.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se había comprometido desde el 28 de diciembre de 2021 con los familiares de dos personas fallecidas a que les entregaría los cadáveres este martes.
En el día indicado, las madres y los familiares de las víctimas acudieron a las instalaciones forenses acompañados de un colectivo de búsqueda de personas y de personal de la CEDHJ con la esperanza de por fin encontrar descanso y paz con la entrega de los restos de las personas fallecidas, para darles sepultura.
El defensor Alfonso Hernández Barrón, ante la información de que el IJCF no tenía listos los dictámenes requeridos para la entrega, sostuvo una reunión de trabajo con el director del organismo científico, Gustavo Quezada Esparza; buscaba asegurar que se concretaría la entrega de los cuerpos de las víctimas mediante instrucciones precisas para acelerar los trámites.
Dada la tardanza en la entrega, cuando fueron informadas de que la entrega sería hasta este miércoles, las personas del colectivo entraron al IJCF para hablar con las autoridades forenses y exigirles los restos de sus familiares.
Ingresaron de manera pacífica y el personal del IJCF pidió la presencia de elementos policiales, aun cuando no había amenaza alguna, “sino una legítima indignación y exigencia para que se cumpliera con el compromiso, por lo que aproximadamente cinco minutos después llegaron patrullas estatales y municipales con elementos armados, lo que causó confusión y preocupación de las personas que se encontraban presentes”, relató Derechos Humanos.
Por ello, al margen de los resultados de las investigaciones de la defensoría respecto a la intimidación, pidió empatía de los servidores públicos hacia las víctimas y que el IJCF cumpla con el principio de máxima diligencia, además de garantizar que no existan actos de revictimización.
jl/I