La consulta a consulta

La revocación de mandato no es el demonio ni un instrumento que ideó el actual régimen político para perpetuarse en el poder, como muchos y muchas la han querido vender. El espíritu de esta figura de participación ciudadana puede y debe abonar a la democracia y, en muchos casos, también fortalecer la convivencia entre gobiernos y gobernados, dotando de mayor legitimidad a quien está en el poder. El problema acá es otro. 

Apenas hace unos meses, en septiembre de 2021, el Senado votó una reforma que nos garantiza a las y los mexicanos ejercer nuestro derecho de decidir la permanencia del Ejecutivo a partir de una toma de pulso constitucional y vinculante. 

Justamente por esto, y no por deseos personales del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), o a causa de las muchas conspiraciones que circulan en redes, es que dicha consulta se ha transformado en uno de los principales puntos de la agenda del primer mandatario, y que seguramente, de continuar de esta manera, en futuras presidencias también lo podrá ser para las presidencias por venir. 

Al estar tutelada por la misma Constitución, la consulta sobre la permanencia del presidente está organizada y respaldada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en un despliegue de participación ciudadana válido, legal y –de ser copioso y respetado su resultado (que muchos lo anticipan como innecesario por lo previsible del mismo)– determinante para nuestra calidad democrática. 

El mismo Consejo General del INE trazó la posibilidad de que OSC colaboren observando el ejercicio del próximo 10 de abril, cerrando el camino a actividades ilegales o al debilitamiento del sistema democrático. Sin embargo, también llama la atención “el brazo” operativo desde el entramado de la nómina federal, debido a las denuncias en contra de diversos funcionarios federales que integraron una asamblea informativa convocada por Morena para “promover la participación ciudadana” en esta consulta. El hecho escaló hasta el PAN y PRD, quienes a su vez denunciaron al secretario de Gobernación, a las secretarias Rocío Nahle, de Energía; Alejandra Frausto, de Cultura; y Tatiana Clouthier, de Economía; así como al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja; y al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, de realizar campaña a favor del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en el ejercicio de sus encargos públicos. 

Frente a esto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE señaló medidas cautelares y una tutela preventiva hacia integrantes del gabinete federal, senadores, gobernadores y al presidente de Morena. Se les recordaron valores como la imparcialidad y neutralidad y se les explicó (por si no les había quedado claro ya) que tienen prohibido intervenir y promover la revocación de mandato que próximamente será puesta a consulta ciudadana. Si se comprueba alguno de estos supuestos delitos electorales podría costarles sanciones a los funcionarios participantes. Pero, sobre todo, podría pegarles en un flanco más importante para ellos: su legitimidad y coherencia política. 

Si bien es lamentable el escaso conocimiento o (aún peor) el poco respeto que nuestros actuales servidores públicos tienen respecto a las normas constitucionales, aún más tristes son los intentos por volver legal lo inconstitucional, haciendo una reforma de una promesa de campaña, para luego, al ver el piso inestable sobre el que se encuentra la consulta, pretender inclinar la balanza a su beneficio, aunque ésta debería ser inamovible, porque de eso se trata la justicia, la ley. 

Al final de todo esto la mesa está puesta, como en cada proceso democrático, para que ejerzamos nuestros derechos cívicos y movamos democráticamente los márgenes de la participación y las reacciones de todo el entramado político de cara a uno de los momentos clave en plena carrera hacia 2024. 

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