Nuestra infame corrupción

Una de las pocas cosas simpáticas que ha dejado la patética sección Quién es quién en las mentiras de la mañanera es aquella legendaria –por absurda– declaración de Ana Elizabeth García Vilchis en la que aseguró: “No es falso, pero no es verdadero”. 

Con ese implacable silogismo trató de argumentar en contra de una nota del diario Reforma que se titulaba: “Empeora corrupción en México”. 

Broma aparte, la situación puso en la palestra el Índice de Estado de Derecho en México realizado por el The World Justice Project (TWJP) que elabora un complejo estudio que genera “información acerca de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia”. 

Uno de los elementos más notables es que cualquiera puede consultar sus ochos indicadores estado por estado. 

Tras cuatro ediciones, Jalisco siempre se ha colocado en el tercio posterior: entre los reprobados. La valoración que asigna a un gobierno con mayor adhesión al estado de derecho es uno. Nuestra entidad históricamente se encuentra por debajo de la media nacional. En esta ocasión el TWJP nos califica con 0.38 en el lugar 24. 

Nos encontramos en una férrea pelea con estados de un nivel de desarrollo como Chiapas o Veracruz. Un lugar bastante indigno para una de las entidades que generan más riqueza en el concierto nacional. También es una evaluación que descalifica el cíclico discurso de Enrique Alfaro sobre lo bien que estamos en… todo. 

No crean que, como dijo García Vilchis, este índice se crea para “atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador” o al de Alfaro. Ni mucho menos. En la construcción del estudio se consultaron a 12 mil 800 personas en todo el país. También se involucraron 14 organizaciones profesionales y se contactaron a casi 20 mil especialistas en justicia civil, administrativa, penal, laboral y salud pública. 

Se cruzaron datos con entidades públicas como Inegi, INAI, Articule 19, CNDH, CIDE y hasta con la Secretaría de Gobernación. 

Jalisco sale reprobado en ausencia de corrupción (0.32), en orden y seguridad (0.33), en cumplimiento regulatorio (0.34), en justicia civil (0.32) y en justicia penal con 0.34. Sale bastante regular en límites al poder gubernamental (0.42), en derechos fundamentales (0.47) y gobierno abierto (0.48). 

Si lo comparamos contra otros estados, Jalisco sale en el lugar 27 de 32 en combate a la corrupción. Una alerta que muchos medios hemos publicado una y otra vez sobre las canonjías y cochupos que ha tenido el tristemente célebre “Movimiento Inmobiliario” con el sector privado. 

Cabe recordar todas las maromas que han dado para justificar A Toda Máquina, la Villa Panamericana o la administración de la pandemia. Todos ellos y más, monumentos a la corrupción erigidos por el gobierno de Alfaro. 

Jalisco comparece en el estudio con una bajísima calificación de 0.35 en el apartado de “personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo estatal no incurren en actos de corrupción”. Este mal se encuentra extendido como un cáncer mortal. 

Peor escenario cuando se les pregunta a los participantes del índice sobre las personas servidoras públicas de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia que abusan de sus funciones para obtener beneficios privados. 

Las consecuencias del estudio del TWJP son varias. Es una fotografía de la impunidad que campea en Jalisco. Dinamita el discurso oficial que nos repite que esto es Suiza. Al final, inhibe la inversión porque con tales calificaciones se elimina la certidumbre. También exponen completamente las deficiencias estructurales del poder judicial. 

En fin, el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 enciende todavía más focos rojos a los que vivimos en Jalisco. 

Twitter: @cabanillas75

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