Nancy Gómez y las denuncias de corrupción

Las políticas públicas son lo que se hace, no lo que se dice. En otras palabras, la autoridad pone en evidencia sus intenciones verdaderas a partir de sus decisiones, que se notan, a su vez, en la proporción de recursos que destina a atender cada asunto a su cargo, especialmente cuando ocurre algo inesperado.

Al respecto, es de notar lo que ha ocurrido en el caso de Nancy Gómez, una mujer con cargo de Ministerio Público, que difundió la grabación de la llamada telefónica en la que su jefe inmediato le ordenaba llevar a cabo un acto de corrupción, que dejaría en la impunidad al presunto cómplice de un posible acto de secuestro.

Su denuncia tuvo como consecuencia que se iniciara una campaña de acoso institucional en contra de Nancy Gómez, mientras que a su ahora ex jefe se le promocionó dentro de la propia Fiscalía General del Estado.

Habrá quien piense que Nancy se merece ese trato por traicionar a su jefe, puesto que con esa actitud lo puso en riesgo a él, y a varias otras personas dentro de la Fiscalía, además de afectar la imagen del gobierno de Jalisco. Sin embargo, dichas consideraciones no tienen en cuenta los aspectos éticos y deontológicos de lo que hizo Nancy.

Siguiendo la propuesta de Ceva y Bocchiola, sobre las teorías de la denuncia de irregularidades (https://cutt.ly/OJk3rDd), podemos considerar que la acción de Nancy Gómez fue en efecto un acto de denuncia porque: dio cuenta de la situación; lo que se le ordenó era ilegal e ilícito; ella estaba al tanto de lo que ocurría porque laboraba (y labora) en la Fiscalía; la Fiscalía está para perseguir los delitos, no para propiciarlos o dejarlos impunes; dirigió su denuncia a la opinión pública, a través de los medios de comunicación; y lo hizo para que se corrijan esas situaciones, que tanto daño le causan a la ciudadanía, en especial en nuestras actuales circunstancias de inseguridad.

Desde una perspectiva ética, Nancy hizo lo correcto, debido a que no hay evidencias claras de que estén funcionando los mecanismos internos de control de la corrupción y de otras acciones irregulares dentro de la Fiscalía, por lo que su denuncia pública era lo único que podía hacer, dado que, por un lado, si se quedaba callada, o, peor aún, simplemente acataba la orden, se volvería cómplice, y por el otro, se cometería una grave injusticia en contra de las víctimas del delito, además de que se dejaría abierta la puerta para que eso siga ocurriendo. En ese sentido, es de reconocer la valentía de Nancy, que asumió y está pagando las consecuencias de actuar correctamente dentro de una instancia que no parece valorar eso.

También podemos apreciar el valor de lo que hizo Nancy, desde la perspectiva deontológica, puesto que, para que una organización como la Fiscalía cumpla adecuadamente con sus funciones, es necesario que todas las personas que la integran lo hagan adecuadamente, de modo que, si una falla, la organización en su conjunto falla; y si varias fallan, pues el resultado será aún peor. Así que es un deber y obligación de todas las personas que laboran en la Fiscalía denunciar todo aquello que impide que cada quien cumpla adecuadamente con su encargo público. Y esto es así, porque si la Fiscalía no cumple con su cometido, entonces el uso que hace de los recursos públicos a su disposición está corrompido.

Sin embargo, a juzgar por lo que ha ocurrido en este caso, es claro que ni al fiscal ni a los poderes Ejecutivo y Legislativo de nuestro estado les parece importante que se corrija lo que sea necesario y, por lo tanto, no les interesa reparar el daño que la delincuencia le provoca a la ciudadanía.

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