La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga una queja por presunta tortura cometida por elementos de la Fiscalía del Estado (FE) en la detención de una mujer que acusa una represalia en su contra por haber denunciado un caso de acoso y hostigamiento sexual al interior de la empresa Operadora de Servicios Mega.
La víctima, identificada como Laura, explicó en una entrevista telefónica desde el penal de Puente Grande que el 28 de septiembre fue detenida por agentes de la Fiscalía, quienes la esposaron y la llevaron a las instalaciones de la dependencia ubicadas en la Calle 14, en la Zona Industrial de Guadalajara, sin identificarse ni presentar una orden de aprehensión.
Durante horas la mantuvieron incomunicada, sin la presencia de su abogado y sin permitirle llamar a su familia. La desnudaron en distintas ocasiones y le tomaron fotografías, lo que la hizo sentir denigrada y humillada durante las horas previas a ser enviada a prisión.
Los maltratos continuaron durante la audiencia en su contra, ocurrida el 3 de octubre, cuando la tuvieron más de 14 horas sin ingerir alimentos ni agua, por lo que se desmayó. En ese entonces se encontraba en periodo de menstruación y no le permitieron cambiarse la toalla sanitaria.
Este tipo de abusos podrían ser considerados tortura, le explicó personal de CNDH a Laura.
“Quien me hizo la recomendación de incluir que había sido sometida a un tema de tortura fue la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo no lo había detectado como tal, simplemente me había parecido muy irregular y que en el proceso había sufrido maltrato en muchos sentidos, tanto psicológicos, como físicos”, explica Laura.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) también recibió una queja sobre los maltratos a Laura y ya los indaga.
REPRESALIAS POR DENUNCIAR
Detrás de la detención y la tortura que enfrenta, Laura ve una venganza por parte de quien fuera su superior jerárquico, a quien denunció penalmente.
La víctima explica que fue acosada sexualmente desde 2018 por el director general de Operadora de Servicios Mega, Ignacio Javier "N".
“Fue subiendo de tono, cada vez era mucho más fuerte, incluso empecé a recibir amenazas porque yo había puesto límites y un rechazo muy claro y empezó a amenazarme con que me iba a destruir la vida”, recuerda.
El Diario NTR Guadalajara tuvo acceso a testimonios de trabajadores de la empresa, que pidieron el anonimato, y coincidieron con la versión de Laura.
Ante la presión, la mujer presentó en enero una denuncia formal en el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) por el delito de acoso y hostigamiento sexual; sin embargo, la FE no le notificó los avances de la investigación en el domicilio que ella indicó en su denuncia, sino en el domicilio de la empresa, una irregularidad que puso en alerta al victimario. Al final fue archivada la denuncia.
Meses después de la denuncia de acoso, a Laura la acusaron de un supuesto fraude contra la empresa por autorizar créditos irregulares por más de 150 millones de pesos (mdp).
Laura era gerente comercial en Operadora de Servicios Mega y no tenía facultades para autorizar los supuestos créditos fraudulentos, por lo que no habría pruebas en su contra. Pero un juez determinó vincularla a proceso el 3 de octubre y darle cuatro meses de prisión preventiva.
El delito de fraude no contempla prisión preventiva oficiosa, por lo que ella exige enfrentar el proceso en libertad.
“Pido que se haga justicia, vivo con mucho miedo, con mucha incertidumbre porque no puedo confiar en el sistema. Haber denunciado lo siento como un error, haber querido hacer las cosas de manera correcta, y ahora lo estoy pagando con la cárcel por un delito que no cometí”, señala Laura, quien quiere regresar con su familia.
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