Quinto Patio

Que ya no hay crisis forense porque ya no hay tráileres de la muerte es en síntesis la interpretación que le da el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a la situación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El problema es que el mandatario quiere hacer creer que, porque ya no hay cuerpos rodando por la ciudad en vehículos oficiales, ya no hay problema; sin embargo, la crisis no es esa, sino que hay 9 mil 2 cuerpos y segmentos humanos sin identificar. El problema no es si hay o no tráileres, sino que no identifican los cuerpos y no los entregan.

El dato surgió de una investigación conjunta que hicieron la asociación Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), y el colectivo Por Amor a Ellxs al cruzar bases de datos y visitar las instalaciones del Semefo en todo el estado. Anna Chimiak, codirectora del Cepad, advierte que los datos muestran que, aunque el gobernador jure y perjure que no hay crisis, esta existe y se agrava cada vez más. Recordemos: crisis que no son asumidas, prolongan las heridas.

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El zafarrancho ocurrido este miércoles en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene detrás una historia de actos prepotencia contra los trabajadores por parte de los agente de Protección Federal, como relató Daniel Castillo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, Sección 3 Jalisco, quien explicó que desde hace dos meses las quejas se incrementaron, y que si bien es responsabilidad de los agentes federales revisar las bolsas y brindar seguridad a la institución, se extralimitaban al manosearles o quitarles la comida, revisar qué tenían escrito en sus cuadernos, por ejemplo. Y el malestar colectivo detonó.

Lo grave es que elementos de Protección Federal, buscando quién se las pagara, detuvieron sin orden de aprehensión, por error, a un trabajador del Hospital de Pediatría, que no tenía vela en el entierro. Lo incomunicaron más de cinco horas, en un claro abuso de autoridad. Y debieron liberarlo. Pero autoridades del IMSS Jalisco, coordinadores del servicio de Protección Federal y de la sección sindical, para detener el conflicto que amenazaba con crecer, acordaron que nadie presentaría denuncias. ¿La Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervendrá? Lo dudamos.

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Teníamos pendiente de informarles que quien ya dio la cara, ante la manifestación realizada esta semana afuera del Congreso del Estado, por conductores de plataformas de Uber y Didi, fue la diputada Mónica Magaña, quien sostuvo que está abierta al diálogo. Negó que sea cierto que quieran imponer una cuota de 3 mil pesitos, porque, dijo, esta no aparece en la ley de ingresos. Y advirtió que las medidas de seguridad no son negociables, porque prefieren que pierdan la garantía en el chasís que dejar el seguro para niños en la parte trasera y poner en riesgo a los usuarios.

En cuanto a la aplicación del GPS, puntualizó que es por seguridad de los propios choferes porque pueden robarles el celular y así podrían localizarlos. En pocas palabras, la legisladora afirmó que todo se hizo bien, que sí hubo consulta y que, si los conductores tienen dudas, pos que vayan a buscarla sólo para resolver dudas, no para pretender cambiar lo que ya aprobaron. ¿Ok?

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A los diputados los alcanzó el perseguidor tiempo. Y es que ya casi se acaba el año y se dan cuenta que aún no han sacado las convocatorias para la sustitución de magistrados de la sala superior de Tribunal de Justicia Administrativa.

Las razones principales son que no hay consensos políticos, y que le echan la culpa a las vacaciones que tomaron y a las distracciones en otros temas, cuando en realidad no quieren hacerlo. Así de claro.

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