La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó al gobernador Pablo Lemus que el gobierno federal apoya los grandes proyectos de infraestructura hídrica que requiere Jalisco, “principalmente los que nos ayudarán a resolver los temas de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara”, señaló el mandatario. En su visita al Colegio del Aire, en Zapopan, la comandanta de las Fuerzas Armadas encabezó la clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026.
Las obras con respaldo prometido son el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, que costaría alrededor de 10 mil millones de pesos; la modernización de la Planta Potabilizadora 1 del Siapa, de Miravalle y, lo novedoso, es que se suman obras complementarias de la desaprovechada y carísima Presa El Zapotillo.
La presidenta hizo un espacio en su agenda para tener una reunión de trabajo privada, contó Lemus, quien reiteró que no se privatizará el servicio del agua. Las obras de infraestructura hídrica serían las más relevantes del sexenio, al rebasar con creces los 30 mil millones de pesos.
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Cómo desarrollos y fraudes inmobiliarios asolan a Puerto Vallarta y en general a Bahía de Banderas fue expuesto en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. La periodista vallartense Susana Carreño mencionó al ex alcalde naranja Ramón Guerrero Martínez, ‘El Mochilas’, cuando hizo referencia a presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias de construcción.
Entre los casos señalados se encuentran desde edificios que habrían excedido las alturas autorizadas y proyectos que enfrentan procedimientos relacionados con su construcción, incluida una obra que está “metida en el mar”, por lo que será demolida, indicó la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien informó que se mantienen acciones contra desarrollos inmobiliarios que incumplieron disposiciones ambientales en el municipio. Ese es uno de los puntos flacos de Vallarta.
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La tipificación como delito del reclutamiento forzado avanzó en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso de Jalisco, mediante una reforma al Código Penal estatal que busca sancionar a quienes coaccionen, engañen, instiguen, induzcan o capten a una persona para la comisión de un delito. El dictamen fue aprobado con cinco votos a favor y contempla penas de cinco a 15 años de prisión, además de un incremento de una tercera parte cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.
Falta su discusión en el pleno. La aprobación en la comisión ocurre en un contexto en que aumenta en Jalisco la desaparición de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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El director del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), Guillermo Medrano Barba, pidió que antes de definir otro posible predio alterno para el programa Legado Jalisco, en Zapopan, se espere a la resolución definitiva del amparo que una jueza federal otorgó a favor de los vecinos que se oponen a la construcción de diez torres, en un predio de la colonia Mirador de San Isidro.
En sí, el Ijalvi, y detrás el gobierno del estado, optó por seguir el camino jurídico al interponer un recurso de queja contra la suspensión provisional que lograron los colonos. El caso se judicializa. Al instituto le urge sacar adelante el juicio, quiere que las obras forzosamente se realicen en la colonia, a pesar de que el propio alcalde zapopano, Juan José Frangie, ha ofrecido otros terrenos.
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