Son al menos tres las investigaciones oficiales en curso para desentrañar lo que ocurrió el pasado domingo, cuando fueron reprimidos participantes en la multitudinaria manifestación que exigió agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara. Una, de la que realmente se espera poco, es la iniciada por la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su Dirección de Asuntos Internos. Los mismos, investigando a los mismos, no garantiza independencia de actuación. Que hasta ahora hayan separado de sus funciones a solo dos elementos identificados por su presunta participación en actos de uso excesivo de la fuerza, cuando hay más elementos involucrados, muestra que, de continuar en esa línea, se asomarán por encimita.
La otra la realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que anunció lo hace con su homóloga estatal. La presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que solicitó al organismo una investigación a fondo sobre las detenciones y agresiones cometidas por policías estatales contra manifestantes.
La comisión tiene un cariz oficialista, así que podemos anticipar que hurgará hasta debajo de las piedras a un gobierno estatal que no es moreno. La mandataria instruyó, además, a la Secretaría de Gobernación a solicitar un informe de lo sucedido e investigar las denuncias de tortura contra los detenidos. Por dos frentes federales otearán las violaciones a derechos humanos en Jalisco.
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Aunque podemos añadir una cuarta indagación, realizada por los propios participantes en la manifestación, que acumula evidencias como fotografías, videos y testimonios de la represión. De ahí saldrá seguramente un expediente voluminoso. A la par, ya se organiza una nueva marcha para este domingo 18 de octubre, que partirá del Parque Rojo al palacio de gobierno. Además de exigir agua limpia, una de sus demandas será que realmente liberen a los siete detenidos, pues continúan los procesos penales en contra de seis de ellos.
Los partidos y diputados de oposición, de Morena, Hagamos, Futuro y del Trabajo exigen la destitución del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, tras lo ocurrido frente a Casa Jalisco. Y que con él se vayan, piden, los funcionarios responsables de la represión, tanto los autores intelectuales como los operadores. Al Poder Judicial le exigen que desista de cualquier intento de imputar o juzgar a personas inocentes.
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Los que se deslindaron de apuntar las mangueras que arrojaron chorros de agua contra los manifestantes son los bomberos de Guadalajara y no entendimos bien el mensaje de si también los de Protección Civil. Lo que sí es que hay señalamientos directos a un paramédico de Zapopan, lo cual tendría que investigarse (en tiempo condicional simple o pospretérito, porque ¡vayan ustedes a saber si se hará!).
Por un par de suciedades, la del agua cochina y la respuesta policial ídem, la administración estatal y el partido naranja están por ahora contra las cuerdas…
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Tarde por los ya colados, pero la Junta de Gobierno del Siapa aprobó su catálogo de puestos para evitar que vuelvan a presentarse casos como el de Elizabeth Castro.
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Que si el modelo CRMO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación) para financiar el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara es o no privatizador del agua y el Siapa es un tema que en el Congreso del Estado se debatirá. Hoy se pasaría a comisiones la iniciativa del gobernador Pablo Lemus.
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