Hagamos memoria: el relleno sanitario Picachos comenzó a operar en mayo de 2001. Actualmente recibe hasta 6 mil 500 toneladas diarias de basura de Zapopan y Guadalajara. El problema es que, como señalan vecinos de la zona, desde hace más de 20 años han denunciado que ese vertedero y el de Hasar’s, han contaminado la zona con lixiviados, sin que las autoridades zapopanas intervengan y resuelvan. Ya acudió, por fin, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, pero solo recorrió la zona. Eso y nada, bueno.
El especialista en medio ambiente de la UdeG Miguel Magaña Virgen señala que ubicar el vertedero justo en la cuenca hidrológica de Milpillas fue una falla grave de planeación del gobierno, pues la contaminación por lixiviados ha afectado este cauce desde que se instaló.
Ayer el gobernador Pablo Lemus confirmó que Picachos sí estaba contaminando el río Milpillas, que alimenta las cascadas de Huaxtla. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente le informó que ocurrió “un pequeño derrame” de lixiviados, pero que ya se frenó.
El problema sigue latente.
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Decíamos que la recuperación de los 97 departamentos de la Villa Panamericana se alaaaargaaaa año tras año. Ni el Instituto de Pensiones del Estado ni el Instituto Jalisciense de la Vivienda los han recuperado. El litigio en juzgados federales no tiene pa cuando. El especialista en transparencia Jesús Ibarra reprochó la falta de claridad sobre sanciones administrativas o penales contra los responsables del desfalco, justo en medio del debate por reformas al sistema de pensiones.
Recordó que, tras la inversión inicial de 340 millones de pesos con fondos del Ipejal, las autoridades prometieron recuperar más de 600 para el año 2022. Sin embargo, se desconoce qué pasó con ese dinero o dónde están esos recursos. Criticó la omisión del Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado por no ejecutar auditorías profundas, ni balances financieros, sobre proyectos de alto riesgo, y llamó a blindar legalmente el fondo del Ipejal para prohibir inversiones especulativas con los ahorros de los servidores públicos. ¿Escuchará el Legislativo local?
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El informe que ha levantado ámpulas es ‘Bajo ataque. Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos en México’, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley. Lo central es que documentó 337 asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El sexenio obradorista coincidió con el de Enrique Alfaro Ramírez. El estudio señala que en su administración fueron asesinadas nueve personas defensoras de derechos humanos en Jalisco y que, desde el gobierno estatal, hubo agresiones en contra de periodistas. El primer caso documentado en la entidad es el asesinato de Jonathan Santos, el 11 de agosto de 2020, activista y defensor de los derechos de la población LGBTIQ+. Los crímenes no se olvidan.
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Si le ha traído ganas al Camino de Santiago, en Galicia, España, pero nomás no ha podido ir, le informamos: el gobierno estatal, coordinado con la Diócesis de Guadalajara, impulsa el Camino de Peregrinos de San Máximo Confesor, que tendrá un recorrido de aproximadamente 350 kilómetros, de Guadalajara a San Cristóbal de la Barranca, y pasará por 14 municipios. Vaya haciendo planes.
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