El ritmo anticipado de campañas electorales de 2027 plantea serios dilemas en la arquitectura electoral que ha sido el soporte esencial de las elecciones desde el año 2000. En efecto, después de la generación de un órgano electoral profesional que en 1996 se ciudadanizó, se construyó una estructura que tuviera la suficiente solvencia, no sin detalles en su organización, respecto de la cual se establecieron bases para tener una institución confiable para el desarrollo de las elecciones en nuestro país.
Las alternancias en el poder, que desde 1989 con la gubernatura de Baja California, y los demás cambios que se sucedieron en las siguientes décadas, establecieron mecanismos en los que se depositó la confianza ciudadana en esa institución.
El proceso electoral del año próximo plantea serios desafíos para el arbitraje electoral, porque en el desarrollo de la elección que ya comenzó las desatenciones y omisiones del árbitro electoral han sido numerosas y, en algunas ocasiones, se ha señalado que los tiempos para reglamentar el proceso “ya caducaron”, y que el INE ya no establecerá medidas adicionales para tratar de proponer institucionalidad y orden en la elección del año próximo. El problema al que se enfrenta el órgano electoral es el de la desconfianza en el proceso.
La forma en que desde hace bastante tiempo se han establecido los mecanismos de promoción política caen en la propaganda de los partidos, principalmente el oficialista, al establecer mecanismos de uso de las formas conocidas como equivalentes funcionales, es decir, los de las alusiones que indirectamente promueven el voto, sin emplear frases evidentes como “vota por”, burlando así, frente a la evidencia, los criterios tradicionales de sanción de los tribunales electorales.
La simulación en el establecimiento de fórmulas semánticas que, sin utilizar las expresiones específicas de animar el interés por la votación específica, no se ha traducido en una acción de los árbitros electorales, exigiendo el mantenimiento de las pautas reglamentarias del proceso. El problema que se va a derivar, lo será el hecho de que, con los resultados que se obtengan, la judicialización de los procesos tendrá un muy alto volumen de litigios. Un escenario de esa naturaleza cuestionará la actual inacción de los órganos electorales que dependerán, sin duda, de un poder altamente cuestionado en su eficiencia y calidad como lo es el Poder Judicial que, por cierto, también estará en la zona de elección del próximo año.
La recuperación de la confianza en el arbitraje electoral será uno de los enormes retos que se perfilan para la elección del año próximo. El alto nivel de anticipación y la desatención del señalamiento de las infracciones en las que están incurriendo los partidos, así como el señalamiento de la interpretación de lo que está ocurriendo en el juego simbólico y semántico de los adelantamientos electorales, son parte de una tarea que debe atenderse en beneficio del mantenimiento de la estructura de confianza en los órganos electorales porque, en definitiva, el contrapeso de las oposiciones se ha diluido dramáticamente desde 2018 y, desafortunadamente, no se han generado expectativas sólidas en el horizonte electoral.
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