Un problema técnico que apareció hace bastantes años en el Área Metropolitana de Guadalajara fue el suministro, el mantenimiento y la garantía del agua que se proporciona a la población. No se trataba, ni se trata, de una zona particular, sino que el abastecimiento general de ese servicio que recae, en principio, en los municipios, pero ante sistemas interconectados, se define la participación intermunicipal, así como el acompañamiento del estado en garantizar el suministro de un servicio que, al margen de considerarse como un factor técnico, constituye una relevancia vital para el desarrollo de las personas, con una dimensión de derecho universal humano.
El paso de los años sin respuestas claras ante el suministro del vital líquido se convirtió en un lanzar hacia adelante la resolución de los problemas. Al margen de cuál marca política estuviera a cargo de la gestión, el resultado, sin importar los colores políticos de la administración, fue un creciente deterioro en el suministro y, más grave aún, en la calidad del agua. El tema siguió escalando, primero como una molestia y, posteriormente, como un reclamo constante ante la falta de evidencias claras de trabajar seria y profundamente sobre la materia. Aquí, se comenzó a gestar un elemento de profundo interés. No se desarrolló una mediación de partido político alguno en la intervención sobre la resolución del grave problema, básicamente, porque los intereses se mantienen en un corto plazo como para considerar una intervención clara y consistente.
De forma que el desarrollo, no de la molestia, como se quiere hacer ver, sino de la urgencia sanitaria que representa para familias y sectores sociales concretos que padecen el ominoso problema, generó una serie de manifestaciones implicando la presencia de la sociedad organizada.
El incremento de la protesta ciudadana se consolida con cada día que pasa sin que haya perspectivas claras de solución técnica. De manera progresiva, ante la falta de proyectos verosímiles y, dado que el problema no se atenúa por no visibilizarse en el discurso oficial, el problema se mantiene vigente y agravado por la cantidad de tiempo sin resolución del mismo.
La manifestación ciudadana adquiere entonces una profunda y poderosa legitimidad, respecto de la cual, la excesiva respuesta de fuerza del gobierno contra la sociedad civil, constituye un mal signo de desarrollo de los pasos que se pueden generar para establecer un diálogo racional, pero, fundamentalmente, de compromisos de las autoridades comprometidas en el conflicto. Las autoridades estatales no lograron encontrarse con el contenido de la insatisfacción ciudadana respecto de la calidad del servicio que no está proporcionando, por una parte, ni de la garantía de sostener un derecho humano.
En tales condiciones, frente a la ausencia de diálogo que ha debido establecerse en diferentes momentos con la participación de especialistas, de autoridades y de la sociedad, no se atendió. Precisamente por ello, ante la manifestación, al margen de las distorsiones generadas por actores extraños con la intención de generar contaminación, ese factor no exime la vigencia y latencia de un problema esencial, ¿cuándo se garantizará el servicio que las autoridades están obligadas a prestar?
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