Las últimas semanas han estado cargadas de agenda política en diferentes frentes, pero todos dentro del espectro de la proyección de la elección de 2027. Si bien la conexión parece lejana, lo cierto es que, formalmente, el inicio del periodo electoral es el 10 de septiembre próximo. En efecto, el proceso formal de funciones de los órganos electorales comienza a partir de esa fecha, lo que no significa, desde luego, que se trata de la definición de precandidaturas en los procesos internos de los partidos, sino que la organización del proceso por parte de los órganos electorales dará inicio a partir de esa fecha.
Lo que está en juego será la renovación de 17 gubernaturas, la designación de mil 98 diputaciones, así como 18 mil 57 cargos en ayuntamientos y, también, 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías. El alineamiento de los procesos electorales llevándose a cabo en el mismo día, no incluirá, como se pretendía, la siguiente parte de renovación de cargos del Poder Judicial.
En el escenario electoral se acaba de notificar que Mónica Soto, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejará su posición a partir del final de este mes y su dimisión dejará a ese tribunal con una composición de cinco magistrados, en lugar de los siete que deben componer ese importante órgano encargado de calificar los procesos electorales. La definición de las impugnaciones, en última instancia, y la calificación general del proceso, recaerá en un tribunal sin dos magistraturas, lo que deja en una posición de gran estrechez la evaluación del proceso electoral.
Las sobradas anticipaciones de procesos electorales, prácticamente de todos los partidos, no han sido señaladas por los órganos electorales, lo que puede provocar sesiones ríspidas que van a requerir de un trabajo colegiado de alto nivel para lograr los equilibrios y determinaciones que realmente estén apegadas a la norma y no a la negociación porque, en ese tipo de circunstancias, termina la objetividad y se rompe la institucionalidad, base de un correcto Estado de derecho.
El contexto actual, con un escenario rico en controversias de diversa naturaleza, entre las cuales el perfilamiento de los procesos electorales en medio de discusiones y conflictos que no parecen integrados a la lógica electoral, hacen perder de vista el enorme reto y los desafíos que deben enfrentar los órganos electorales, que no pasan por un momento de fortaleza, sino más bien de constantes asedios por parte de todo el ambiente político; y que se requiere un adecuado momento de fortalecimiento de las bases de las que surgió y que constituyó, fundamentalmente, una separación total de la influencia de los gobiernos y de los partidos, buscando una adecuada ciudadanización de la organización electoral.
El escenario internacional, con las diversas presiones norteamericanas, la revisión del TMEC, el contexto del efecto electoral regional latinoamericano y la compleja dimensión político social interna del país, son los factores que deben alertar a la ciudadanía en blindar los procesos electorales, fortaleciendo la institucionalización de los procesos en beneficio de la sociedad.
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