Después de las manifestaciones de fuerza que se desarrollaron posteriores a la eliminación de uno de los líderes del cartel de mayor peso en el país, de la suspensión del Encuentro Mundial de Clavados y, por otra parte, de los amagos de cambio de sede para la Copa del Mundo de futbol, el cierre de semana lo constituyó la anticipación de presentación de la iniciativa para la reforma electoral que desarrolló el Poder Ejecutivo que, en esta semana, debería presentarse como tal ante la Cámara de Diputados.
El contexto es el menos adecuado para abordar un cambio profundo en la estructura de los procesos electorales que han constituido, desde 1996, la formación de un esquema estructurado e institucionalizado, a través de la profesionalización de un órgano autónomo y ciudadano, encargado de los procesamientos electorales. Se trató, en su momento, de la separación de la organización y desarrollo electoral en un órgano encargado profesionalmente de los procesos electorales. La participación de todas las fuerzas políticas constituyó uno de los ejes de acuerdo, en la medida en que de esa forma se lograba establecer un principio institucional de representación de las fuerzas políticas y del gobierno. No se desarrolló sin vicios, sin embargo, el principio de institución electoral se establecía con la participación de todos los actores involucrados.
El desarrollo del presente proyecto, encargado a una comisión interna del oficialismo, no incluyó una participación plural. De hecho, dos partidos, hasta ese momento aliados del oficialismo, se sintieron excluidos y han manifestado su falta de acuerdo con el proyecto e incluso su posición en contra.
La autonomía de los partidos en el esquema que plantea, hasta lo que se conoce del proyecto de reforma, los deja fuera de las decisiones políticas. La reforma pretende imponer definiciones que, por naturaleza jurídica y política, corresponden a la autodeterminación de las organizaciones, como la configuración de las listas plurinominales. La reforma pretende imponer definiciones que, por naturaleza jurídica y política, corresponden a la autodeterminación de las organizaciones, como la configuración de las listas plurinominales. Al forzar la votación directa como método único, se elimina la mediación profesional de los partidos. Si bien el discurso de “acercar el voto a la gente” suena democrático, en la práctica diluye la capacidad de los partidos para presentar cuadros técnicos y representaciones proporcionales que equilibren las fuerzas en el Congreso, dejando la puerta abierta al populismo de figuras individuales por encima de plataformas ideológicas sólidas.
Con el esquema que se ha perfilado como parte de la iniciativa, la limitación presupuestal para el INE, bajo el pretexto de la austeridad, constituye una regresión sustancial que dejaría el modelo, muy parecido, al Colegio Electoral de la Secretaría de Gobernación del PRI de los 70-80. Dentro de ese renglón, la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se retrocedería a 1988, con la incertidumbre del proceso electoral que, bajo el esquema que se puede observar en el proyecto, sería un modelo dirigido, fundamentalmente del oficialismo.
¿A quién beneficia y, por qué y para qué, un proyecto de reforma?
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