En días pasados, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, abrió una discusión relacionada con la clasificación que ella hace de la función informativa de los medios, estableció algunas formas en las que determinaba algunos puntos de dirección y los responsabilizó de formar parte de la interpretación de seguridad. Dentro del análisis que utilizó para plantear esas aristas, señaló que la comercialización de los medios se encuentra como el detonante para la búsqueda de audiencias. No se equivoca en el hecho de que los medios deciden las estrategias de acercamiento de audiencias, sin embargo, el señalamiento de qué dirección deberían desarrollar éstos, no forma parte de las instrucciones de gobierno, como si el universo mediático fuese una dependencia gubernamental.
Cuando la jefa de Gobierno señaló que “… sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja. Porque la nota roja, sabemos que es lo que atrae, es lo que los medios, o sea, porque la gente ve la nota roja y es también una estrategia de los medios de comunicación para que la gente los vea. Entonces, creo que entre todos debemos de contribuir a mejorar la percepción”. Al surgir la determinación desde una de las cúspides hegemónicas de poder, esto constituye no una opinión particular, sino la forma en que, desde la posición de poder, se desarrolla, en esos términos, en una crítica frontal dirigida hacia los medios a los que, además, les reclama no contribuir a mejorar la percepción de seguridad.
Con esas disposiciones, parecería que la función de los medios debería constituir una extensión de la narrativa oficial. El reclamo debería dirigirlo hacia otras áreas de la administración, como el caso de los ministros de la Corte que se autoadjudicaron vehículos blindados para mantener su seguridad, en contradicción con la narrativa del descenso de la inseguridad, independientemente del exceso presupuestal que implicaron.
Es importante recordar que históricamente las funciones de los medios constituyen el ofrecimiento de información verificable y análisis, en consecuencia, evaluación de las medidas de gobierno que tienen impacto en la población. Se desarrolla una crítica, pero, también se informa, como es el caso de los índices de seguridad e inseguridad, de las acciones de gobierno en ese sentido que, justamente, proporcionan las instancias oficiales encargadas de la seguridad y que son sometidas al análisis y juicio de las audiencias, que también son los consumidores de la información, así como electores. Los robos, los homicidios, las desapariciones y las extorsiones no desaparecen por dejar de publicarse; simplemente se vuelven invisibles ante el escrutinio público, pero permanecen presentes en la experiencia directa de las víctimas y, tienen, desde luego, un impacto en la percepción de seguridad.
Poco a poco, las instancias de gobierno deben comprender que hay una diferencia sustancial entre los mecanismos de propaganda electoral y los de gobierno. La importancia de mantener una estructura sólida de gobierno implica el establecimiento de un diseño institucional de medidas que contribuyan a la eficiencia y seguridad. El problema es alargar la perspectiva electoral descuidando la gobernanza.
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