La reciente renuncia de Adán Augusto López a la dirección del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República marca un punto de inflexión en la administración federal actual. Este movimiento no es un simple cambio de nombres que, probablemente, se integre en una lista un poco más extensa; representa un cambio en la estructura de mando que obliga a un realineamiento de fuerzas dentro de la hegemonía gobernante y redefine las dinámicas de negociación con las fuerzas internas y las opositoras.
La trayectoria de Adán Augusto López, desde su base en Tabasco hasta la Secretaría de Gobernación y finalmente el Senado, ha estado marcada por una capacidad operativa férrea y a partir de la fuerza, impositiva. No obstante, su salida también reaviva el escrutinio sobre su historial, incluyendo los polémicos vínculos de poderosa opacidad, pero con gran presencia negativa ante la opinión pública.
Aunque la rendición de cuentas formal parece un horizonte lejano, su ausencia en el tablero legislativo altera la articulación de fuerza. Su gestión se caracterizaba por ser enlace entre el ex presidente y el Ejecutivo y de ahí, el modelamiento con las diversas facciones parlamentarias; ahora, se abre una interrogante sobre quién heredará esa capacidad de interlocución y si se sostendrá el grupo radical de Morena o la estructura de operación de la presidenta.
El proyecto de reforma política-electoral impulsado por la Presidencia de la República contará con nuevos escenarios en el Senado. Bajo la bandera de la austeridad republicana, la propuesta busca reducir el financiamiento a los partidos políticos y, fundamentalmente, eliminar o reducir las representaciones plurinominales. Este último punto ha generado una fricción interna en la coalición gobernante: Morena sostiene que el sistema actual es un mecanismo desigual y costoso. Por otra parte, para el PT y el Partido Verde, el sistema plurinominal constituye su principal estructura de poder y supervivencia.
En esta perspectiva, la paradoja es que la negociación recae en las fuerzas que componen la actual hegemonía sin mayor participación de otros actores. Vale la pena contrastar la situación actual con la evolución democrática de México. Desde la reforma de 1977 hasta los hitos de 1996 y 2000, el país transitó hacia la creación de un órgano autónomo, técnico y profesional para procesar elecciones. Aquellos cambios fueron fruto de consensos plurales y de la separación de funciones entre poderes.
Hoy, el panorama es distinto. Con un 40 por ciento del electorado que no votó por la fórmula hegemónica y una pérdida de influencia notable en plazas clave como la Ciudad de México, existe una demanda social por equidad y pluralidad que no está siendo atendida en el diseño de la nueva representación política.
La falta de apertura en las líneas de diseño político evoca los escenarios previos a 1977, cuando la hegemonía era absoluta y la competencia nula. Mientras que en las décadas de los 70 y 80 los grandes eventos internacionales (Juegos Olímpicos y Mundiales) servían para proyectar un México en vías de democratización y crecimiento, el escenario actual se percibe polémico en lo político e inseguro en lo social.
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