La crisis que ha experimentado la actual administración federal con el oscuro asesinato del alcalde de Uruapan y la desarticulación e improvisación que han mostrado las autoridades en el esclarecimiento y comprensión de la barbarie que representa este evento han dejado, sin duda alguna, reflexiones profundas que no se traducen, para el oficialismo, en una investigación seria y de profundidad, sino en la dimensión electoral que tendrá lugar en 2027.
Aún y cuando parezca lejana esa elección, hay que considerar que, en el curso del próximo año, al margen de lo que suceda en la estabilización del país que, con el caso de Uruapan quedaron en evidencia, los serios problemas de las estrategias de seguridad. La revisión del TMEC formará parte de una curva importante de tensión social y comercial porque, parte del futuro inminente y mediato, respecto de la productividad y de los círculos de comercio exterior de nuestro país, estarán en esa negociación.
Por otra parte, se llevará a cabo el Campeonato Mundial de Futbol compartido, justamente, con nuestros socios del TMEC, además, de la forma en que evolucionen los problemas constantes de corrupción, impunidad y falta de resultados concretos que se traduzcan en un esquema claro de bienestar y de regularización económica que, ante eventos como el del asesinato en Uruapan, replantea todo el escenario de pacificación anunciado días antes.
Los anteriores elementos ponen en la mesa el tema del adelantamiento del proceso de “revocación de mandato”, que fue uno de los temas que la administración anterior incluyó en la agenda del actual régimen. El calendario original de la “revocación” estaba definido en 2028. El adelantamiento a 2027 supone un empalme con las elecciones intermedias y, con ello, colocar en el centro del proceso la participación de la presidenta en toda la dimensión propagandística de ese proceso, es decir, intervenir, activamente y con justificación institucional, en la promoción del tema de revocación que, desde luego, incluiría menciones que favorezcan la línea del oficialismo, participando en un esquema desproporcional con las oposiciones.
Un ejercicio de esa naturaleza desbalancea las condiciones de participación de los diferentes institutos políticos ante una forma desigual de propaganda y de activismo. Además, viene también el proceso de reforma electoral que el oficialismo, a través del diputado Pablo Gómez, está por presentar ante el Congreso. Con la figura presidencial en el proceso será difícil sostener ofertas alternativas y aun los liderazgos regionales quedarían desdibujados ante la contundente fuerza del Ejecutivo dentro de la contienda.
Los resultados del atroz crimen de Uruapan, se ha buscado concentrarlo en ese escenario, con la intención, de replantear la estrategia electoral del 27. El problema, como se ha visto, es que no han surgido actores o instituciones lo suficientemente sólidas para presentar, de manera auténtica, alternativas institucionales que permitan enfocar un futuro de mejores condiciones.
El adelantamiento de la revocación no es un simple ajuste de calendario, sino el anuncio de la movilización en torno al Poder Ejecutivo, que se puede traducir en la limitación de los espacios de alternancia y concentración de poder. Esto representa un importante reto a la salud de una democracia plural y representativa.
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