El segundo semestre de este año se ha convertido en uno en el que se requiere reenfocar la dinámica de las políticas públicas, es decir, que haya un sustento material sustancial para el desarrollo de las diferentes líneas que la administración pública debe poner en marcha para establecer fórmulas realistas de abordaje de las líneas de gobierno, de la seguridad del país y del sostenimiento y proyección de la economía. Se trata ahora de establecer esquemas eficientes de trabajo en el que se permita generar una planeación sustentada en bases efectivas de seguridad, gobernanza y de mantenimiento de la economía porque, hasta el momento, las cifras que se han presentado como garantías de eficiencia se han impactado con los elementos de la realidad cotidiana que, sin tener en cuenta las cifras optimistas que se formaron a partir de la glosa del primer informe de gobierno, no tienen la consistencia que se promete en esos escenarios.
Los transportistas del país han llegado a un punto en el que la paciencia ha llegado a su tope. Se señalan como problemas que requieren una rápida atención, un elemental esquema que deberían tener resuelto como lo es la seguridad de circulación por las carreteras del país, donde, de forma cotidiana, son presa de los asaltos, robos de unidades y mercancía, secuestros y extorsiones (el llamado ‘cobro de piso’) que sufren en las principales vías del país. Por otra parte, otra de sus demandas consiste en el señalamiento respecto al hecho de que se encuentran frente a una extorsión sistemática, en este caso de las autoridades oficiales, circunstancia que implica costos adicionales al proceso de circulación de mercancías en el país.
En el caso de los agricultores, han señalado que el pasmo administrativo no ha resuelto problemas esenciales, como la rentabilidad de la producción agrícola que enfrenta un escenario desventajoso en la venta de sus productos. Señalan, por otra parte, que los precios de garantía los dejan por debajo de la rentabilidad para los agricultores. Se requiere una revisión para el ciclo correspondiente a la inversión (insumos, semillas, fertilizantes, diésel y, más), circunstancia que por razones diversas se ha retrasado. Es de destacar la relevancia que tiene el tema de revisión alimentaria porque se trata de uno de los capítulos correspondientes a la exploración del TMEC y que buscan, primero afianzar la posición en nuestro país, para estar en condiciones de competir internacionalmente con el tratado trilateral.
El aplazamiento no tiene un sustento claro, salvo el hecho de tener que revisar las condiciones reales de los dos espacios fundamentales del entramado de la economía nacional. El problema para la administración pública lo constituye el hecho de tener que rectificar una línea argumentativa creciente, en el sentido de la dimensión positiva que tienen sus resultados. Sin embargo, los indicadores demandan una atención positiva para las demandas. Sostener que el conflicto tiene un carácter ideológico y político, elimina la posibilidad de establecer acuerdos efectivos que den certeza a los espacios de producción del país. El gran problema es que, atendiendo esas necesidades, se dejaría ver un esquema que no se quiere reconocer y que lo constituye, las diferentes y múltiples zonas del país en las que existen dos instancias cobrando impuestos.
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