Complejidad sin contrapesos

En las semanas recientes se han suscitado muchos temas de agenda nacional, particularmente con acento en la dimensión política, pero de orígenes diferentes, en los que, sin embargo, el impacto político es de primera importancia en el estado de cosas que tiene el oficialismo, y que en otras condiciones habrían generado muchas confrontaciones desde la perspectiva de las plataformas políticas. Sin embargo, como en los tiempos del cuasi partido único de la posrevolución, las complejidades no han causado más mella en el funcionamiento del oficialismo.

La supresión de los organismos autónomos que buscaban generar transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones de gobierno, como era el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que se sustituyó por un órgano de gobierno, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que se trasladó a la Secretaría de Economía, o bien, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones fueron trasladadas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y, varios organismos más, debían su existencia al hecho de establecer un mecanismo, a partir del cual los ciudadanos podían solicitar información puntual sobre el proceder de las instancias de gobierno para tener la certeza de que el funcionamiento se ceñía a las regulaciones, y formaba parte de una constante rendición de cuentas.

La modificación de este ámbito ciudadano de competencia suprime la mediación de un organismo autónomo que establecía, en el marco legal, la exigibilidad a las instancias de gobierno de transparencia, en la medida que la administración pública, constituye una forma de proyectar y desarrollar políticas públicas a través de la utilización de la cuenta pública, mecanismo que legitimaba el derecho ciudadano de enterarse de la forma de operación y uso legal de las acciones de gobierno.

La compleja trama de las evasiones fiscales a través del comercio ilícito de derivados del petróleo, en el que están implicados diferentes mandos de la Marina de México, así como de un largo repertorio de altos funcionarios de la administración federal, constituye un profundo y complejo reto que deberá desarrollarse de alguna manera. De momento, la respuesta ha sido un conjunto de contradicciones por las diferentes instancias judiciales, encargadas de la revisión y, en su caso, procesamiento legal que veremos cómo evolucionan.

Los mecanismos eliminados de rendición de cuentas dificultan a la ciudadanía en general tener elementos claros para comprender el desarrollo de esa trama, y queda a voluntad del gobierno federal informar de lo que éste considere necesario o prudente. Desde el punto de vista legal, con un nuevo Poder Judicial que aún no termina de comprender la estructura de funciones de los nuevos jueces, se nota un reto de proporciones aún no mensurables.

La gran pregunta en este caso la constituye el hecho de no encontrar una zona de oposiciones políticas, con una estructura clara y con una visión eficiente para transmitir a la ciudadanía un poco de certidumbre; de forma que, ante la ausencia de opciones, independientemente de la compleja trama de problemas, solamente hay una vía, y esa es la que ejerce la única visión de gobierno.

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