En el inicio de actividades de este año se han definido dos elementos importantes que forman nuestro escenario contemporáneo. Por una parte, una estructura doméstica, de mucha opacidad, sin una estructura que defina con claridad las bases sobre las que se articulan las políticas públicas. Por otra parte, la magra presencia de México en foros internacionales donde pueda perfilarse, con mayor claridad, la ruta y el rumbo en la que se encuentra nuestro país y cómo vamos a desarrollar la prospectiva.
En días pasados, el nuevo escándalo que rodea a la administración federal tuvo su epicentro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al autoasignarse vehículos con costos cercanos a los 2 millones de pesos. No se trata de un error de dedo, sino la muestra de una falta de organización y de planeación de los recursos públicos. La ausencia de información previa y la decisión súbita de la asignación resultan de la falta de información sobre la forma en que se proyecta el uso presupuestal. Las decisiones, por lo menos, se perfilan como parte de una organización discrecional, a diferencia de la forma en la que se planteó la nueva integración de la SCJN que, en su momento, se autodefinió como transparente y austera. Este tipo de decisiones sin sentido debilita la confianza institucional y genera una sensación de un gobierno autoritario.
Paralelamente a los deslices de la Corte, el desarrollo de la reforma electoral sigue su curso con considerables desacuerdos en el grupo encargado de su desarrollo. Si bien Pablo Gómez arrancó el proyecto, la forma en la que se ha venido desarrollando y, sobre todo, postergando su publicación se han notado las faltas de acuerdo en la estructura hegemónica, porque no es suficiente con la sobrerrepresentación del partido en el poder, sino que requiere, forzosamente, la participación de sus satélites: Partido del Trabajo y Verde.
Con los breves avances que se han dejado ver y por la forma en la que se han realizado, la presidenta determina y establece la reglas que, en principio, deberían ser materia de discusión de los partidos. Sin embargo, según parece la dimensión centralizadora con la que se desarrolla el esquema, implica, por otra parte, la regulación de los tiempos de difusión de los partidos, pero, básicamente, por la administración pública, en lugar de la institución encargada del proceso. Con ello, veríamos una injerencia del oficialismo sobre la calidad y cantidad de mensajes para el debate público.
Paradójicamente, mientras el gobierno busca controlar cada milímetro de la política doméstica, ha renunciado a su silla en la mesa global. La ausencia de México en los procesos de concertación del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, confirma el aislamiento de nuestra política exterior o, por lo menos, la ausencia de una estrategia de participación.
En las nuevas discusiones internacionales, la redefinición de organización y participación en las cadenas de valor no hubo posiciones relevantes de nuestro país. El primer ministro canadiense lo señaló con una importante metáfora: “Si no estás en la mesa, estás en el menú”. Sin reacción al respecto y con el desafío de lograr un TMEC relevante.
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