Dentro de la compleja perspectiva que tiene el país para este año, un elemento tiene una relevancia sustancial que plantea retos importantes para el desarrollo de la vida política y, sobre todo, para la democracia. En efecto, se trata de un proyecto que aún no se ha presentado y que constituye un factor primordial para el escenario de la competitividad y representación de los ciudadanos, y se trata de la reforma electoral.
Desde la administración pasada ha habido dos intentos de generar una reforma electoral que, a diferencia de otros procesos de reforma que se denominaron: Plan A y Plan B, y, ahora sigue un tercer intento, el Plan C, con condiciones muy diferentes de los anteriores intentos fallidos.
Se trata, en los tres casos, de un proyecto que se genera desde el Poder Ejecutivo, es decir, no constituye, como en las otras reformas, de un mecanismo de consenso entre los diferentes actores e instituciones políticas que, frente a los desafíos de la representación y participación ciudadana, generaron debates orientados a nivelar el peso de las fuerzas políticas que compiten, buscando los equilibrios y las condiciones de garantizar espacios de intervención.
Así, los contrapesos y equilibrios entre las estructuras participantes generaban condiciones de intervenir de manera equitativa para garantizar un elemento importante, la representación de los ciudadanos interesados en contar con esquemas de participación que asegurasen una representación en los espacios de discusión nacional, independientemente de las marcas políticas de mayor influencia. Se trataba de responder a la representación plural de ciudadanos que, sin estar dentro de una línea política de gran número, el suyo propio, merecía tener un espacio en la gestión de resoluciones nacionales.
El elemento que se sostiene como factor para impulsar la reforma electoral, desde la óptica del oficialismo, es el gasto que representa toda la estructura institucional de gestión de los procesos electorales. De entrada, no se trata en esa perspectiva de tomar en cuenta las opiniones plurales sino, como en las decisiones de gobierno, un factor ejecutivo de gestión pública que se determina y se sigue. Ese aspecto central constituye una eliminación de una discusión plural que ponga en el centro de la discusión política el tema de la organización electoral. Sin tener aún el proyecto de reforma generado desde el Ejecutivo, los funcionarios encargados de procesarla han generado rumores en el sentido de señalar que se quiere eliminar la autonomía del órgano electoral. Es decir, regresar a la época del Colegio Electoral de la Secretaría de Gobernación para, de esa forma, generar ahorros en los procesos electorales.
Una discusión que involucra el trastocamiento de instituciones que se han construido, no por un partido hegemónico, sino de la discusión plural, ha forjado condiciones muy importantes de representación que se estarían cuestionando con fórmulas ejecutivas del gobierno que representa, evidentemente, una línea mayoritaria pero no única.
Gran reto se presenta para todo el país que debe buscar la expresión de todos los espacios que legítimamente participan en el esquema de representación y que da lugar a una esencial participación ciudadana.
NH/I
