El ritmo de los últimos días ha estado marcado fundamentalmente por el desarrollo de la Copa del Mundo en nuestro país. La incertidumbre relacionada por las manifestaciones ciudadanas, particularmente la de la CNTE, ha generado una especial atención y observación respecto de la evolución de demandas que se han expuesto y respondido sin posibilidades de resolverse en algún tiempo razonable.
Peticiones de orden financiero, salarial, jubilaciones y otras prestaciones esenciales están en el centro de la mesa de debate, sin salidas que satisfagan la presión de los profesores. Esto ha mantenido en un constante asedio a la Ciudad de México y las negociaciones no tienen un claro panorama de llegar a acuerdos razonables en un corto tiempo.
Al mismo tiempo, otras expresiones ciudadanas han tenido lugar en estos días, porque, ciertamente, la visibilidad internacional que genera la presencia de la prensa en nuestro país coloca la discusión pública en escenarios distintos de los foros meramente locales.
Entre otras de las manifestaciones que tuvieron lugar se encontró el de las madres buscadoras. Se trata de colectivos de familiares de personas desaparecidas que, ante la ineficacia de las acciones de gobierno, se han organizado para demandar que el Estado asuma las funciones de vigilancia, protección y búsqueda de ciudadanas y ciudadanos que han tenido la mala fortuna de estar en condición de desaparecidos.
Constitucionalmente es una obligación del Estado mantener un régimen de seguridad pública que abarque a todos los ciudadanos. La ausencia del Estado en estos desafortunados acontecimientos ha generado que sectores de ciudadanos requieran la atención y resolución de las búsquedas que se demandan, obligatoriamente, ante la desaparición sin explicaciones de las personas desaparecidas.
Cuando se confunde la función de la administración pública con el discurso de un actor político en una contienda, fundamentalmente electoral, se desvirtúan las demandas y las voces ciudadanas y sus reclamos porque se enfocan como si se tratase de opositores en una contienda electoral. Esto es, como si se estuviese operando en una perspectiva de competencia electoral y discursiva por un modelo ideológico de representación de un partido político y no de la exigencia de intervención del Estado, en los espacios y circunstancias en los que ha dejado de actuar.
Así, la naturaleza ciudadana se vicia en la narrativa cuando dejan de considerarse las demandas ciudadanas como tales y se les enfoca como enemigos o bloques políticos opositores. En efecto, la dimensión de la pugna política electoral tiene esas características, sin embargo, de lo que se trata es de la exigencia de una intervención institucional del Estado en las zonas que ha dejado de atender.
La relevancia de la ubicación de los enfoques es importante en la medida en que lo que se busca es un ejercicio regular de un Estado de derecho. En la medida en que no exista una clara línea de diferenciación entre la administración y la promoción partidista, los problemas de gestión tendrán serias dificultades de resolución. Se requiere una redefinición de la neutralidad institucional y una aplicación sustancial de la gestión pública sin sesgo ideológico partidista.
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