El 19 de agosto de 2026, a un año ocho meses de iniciada la estatal, se hizo pública la salida de José Antonio López Zaragoza de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres) de Jalisco. La versión institucional atribuye el relevo a motivos de salud; otras fuentes lo consignaron como destitución. En su lugar quedó como encargado de despacho Jorge Fernando Carbonell Espinosa, hasta entonces director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, procedente del área de control interno, no de la operación técnica de reinserción social.
Tampoco el saliente contaba con trayectoria penitenciaria: procedía de Inspección y Vigilancia de Zapopan y Guadalajara, cercano al gobernador desde su gestión municipal. Ninguna versión explica por qué el movimiento se limitó al titular y a la dirección jurídica, dejando intacta el área de vigilancia y custodia, la que concentra los señalamientos más graves de corrupción y violación a derechos humanos.
La corrupción al interior del sistema penitenciario de Jalisco no es un fenómeno marginal: es una estructura de gobernanza paralela, tolerada por omisión, que ha sustituido de facto la autoridad del estado dentro de los centros. El cobro sistemático por bienes básicos –bebidas, visitas conyugales, telefonía celular, incluso el uso de regaderas– no podría sostenerse sin la complicidad o negligencia de mandos operativos, lo que convierte al autogobierno en un modelo de extracción económica montado sobre el cuerpo de las personas privadas de la libertad.
Esta economía ilícita opera en un contexto de subinversión deliberada: mientras el gobierno del estado destinó 242 millones de pesos a comunicación social en 2026, el programa presupuestario de Custodia y Vigilancia Penitenciaria recibió apenas 12.4 millones el ejercicio anterior, casi 20 veces menos. Esa desproporción no es descuido administrativo, sino la expresión presupuestal de una decisión política: financiar la narrativa oficial por encima del control efectivo y la profesionalización de quien sostiene, todos los días, la operación material de los penales.
El análisis crítico debe detenerse en el personal de custodia, doblemente afectado por esta agenda abandonada: es el eslabón mediante el cual opera la economía informal descrita, por fallas de capacitación nunca atendidas, y es también víctima de un entorno laboral desprotegido. En febrero de 2023, cuatro oficiales de custodia mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente por internos en Puente Grande, presuntamente con la anuencia de mandos superiores.
La CEDHJ abrió la queja de oficio 391/2023 y emitió medidas cautelares, mientras la autoridad estatal de entonces calificó los hechos como falsos. Ese antecedente, sumado a denuncias similares en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, retrata una estructura de vigilancia sin mecanismos institucionales de protección hacia quienes la integran.
En la evaluación externa, Jalisco se ha mantenido en el rango medio del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, lejos de Querétaro –única entidad con más de ocho puntos– pero también del fondo de la tabla: una mediocridad sostenida que revela estancamiento estructural. A ello se suma que, hasta 2024, el complejo penitenciario de Puente Grande en su conjunto rebasaba su capacidad instalada por 756 personas privadas de la libertad, equivalentes a una sobrepoblación general de 7.25 por ciento; el problema se concentraba particularmente en la Comisaría de Prisión Preventiva, cuya sobrepoblación alcanzaba 16.72 por ciento, es decir, 755 personas por encima del espacio disponible en esa sola comisaría.
Sustituir cargos directivos sin transformar el área de vigilancia, profesionalizar al personal de custodia y corregir la desproporción presupuestal descrita es administrar el problema, no resolverlo. Mientras Jalisco no incorpore un enfoque de derechos humanos que atienda tanto a las personas privadas de la libertad como al personal que las custodia, la agenda penitenciaria seguirá siendo una asignatura postergada.
*Doctora en Derecho
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