Cada 8 de marzo, cuando el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, no asistimos a una celebración, sino a una jornada de memoria, denuncia y exigencia política. Su reconocimiento formal por la Organización de las Naciones Unidas en 1977 fue resultado de décadas de luchas obreras y feministas que reclamaban derechos laborales, políticos y civiles. Más de un siglo después, la pregunta no es por qué marchamos, sino por qué, pese a los avances normativos, la igualdad real sigue siendo una promesa incumplida.
Los datos son elocuentes. A nivel global, más de 736 millones de mujeres –casi una de cada tres– han sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida, según ONU Mujeres. En América Latina, cada año miles de mujeres son asesinadas por razones de género. En México, el promedio diario supera las diez mujeres asesinadas. Estas cifras evidencian que la igualdad formal ante la ley no ha sido suficiente para garantizar vidas libres de violencia. Por ello, la exigencia central del 8M no es abstracta: es la construcción de igualdad sustantiva, es decir, la transformación de las condiciones estructurales que producen y reproducen la desigualdad.
La marcha es necesaria porque el espacio público históricamente nos fue restringido. Tomar las calles es disputar poder simbólico y político frente a instituciones que han sido omisas o insuficientes. Cuando más de 90 por ciento de los delitos de violencia contra las mujeres quedan impunes en diversos contextos latinoamericanos, la protesta se convierte en un mecanismo legítimo de exigibilidad democrática. No es desorden: es participación política frente a la inacción estructural.
En ese contexto emerge la iconoclasia. Intervenir monumentos o edificios públicos no responde a un impulso irracional, sino a la necesidad de confrontar narrativas que han privilegiado la preservación de símbolos por encima de la protección de la vida. La iconoclasia feminista no destruye memoria: la resignifica. Cuando el Estado no escucha, los muros hablan. La indignación se inscribe en el espacio urbano porque durante demasiado tiempo fue invisibilizada.
Hablar de igualdad sustantiva implica reconocer que no todas las mujeres parten del mismo punto. Las brechas salariales persisten –en promedio, las mujeres ganan alrededor de 20 por ciento menos que los hombres a nivel global– y la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado limita su autonomía económica. Además, emergen nuevas formas de violencia que aún no cuentan con marcos regulatorios sólidos: acoso digital sistemático, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, campañas de odio coordinadas, uso de inteligencia artificial para crear contenido sexual falso y explotación de datos personales para intimidar. Estas agresiones, muchas veces invisibilizadas, expulsan a mujeres del debate público y restringen su ciudadanía digital sin que existan políticas públicas eficaces para prevenirlas y sancionarlas.
Marchamos también porque la lucha no es individual. Los derechos que hoy ejercemos son fruto de mujeres que se organizaron antes que nosotras. Y las deudas pendientes afectan con mayor intensidad a mujeres indígenas, migrantes, racializadas, con discapacidad o de la diversidad sexual. La igualdad sustantiva exige mirar esas intersecciones y actuar en consecuencia.
No marchamos por igualdad retórica ni por equidad condicionada; marchamos por igualdad sustantiva, aquella que transforma estructuras y garantiza vidas libres de violencia. Mientras una sola mujer viva con miedo o enfrente barreras estructurales para ejercer sus derechos, el 8M seguirá siendo una jornada indispensable.
*Doctora en Derecho
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