La operación militar realizada en Tapalpa, Jalisco, en la que fue abatido Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes –líder del ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’ (‘CJNG’)– representa uno de los momentos más decisivos en la historia reciente de la lucha contra el crimen organizado en México. Fue un golpe contundente a uno de los capos más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, producto de un operativo que combinó inteligencia militar, coordinación federal e información proporcionada por agencias de los Estados Unidos.
Este desenlace demuestra algo que hemos señalado: cuando existe voluntad política y una presión internacional sostenida se pueden generar resultados concretos. Durante años, ‘El Mencho’ figuró en listas de los más buscados, con recompensas millonarias ofrecidas por autoridades de Estados Unidos por información que condujera a su captura. Esa presión externa, combinada con la decisión del gobierno mexicano de actuar, creó las condiciones para abatir a un personaje que simbolizaba el poder fáctico del narcotráfico.
Sin embargo, la caída de un líder tan emblemático también expone las contradicciones de la política de seguridad nacional. En los últimos años, el discurso oficial había girado hacia una estrategia distinta a la tradicional de “balazos”, promoviendo –al menos en el discurso– esquemas de justicia social y desarrollo para disminuir la violencia. La lógica de “abrazos, no balazos” que marcó al anterior sexenio de Andrés Manuel López Obrador buscaba atacar las causas sociales del crimen, pero desde siempre esa orientación carecía de una estrategia operativa sólida para enfrentar estructuras criminales profundamente arraigadas. La operación de Tapalpa parece, en ese sentido, alejarse de los principios de esa estrategia y retomar el uso de la fuerza de manera clara.
Las consecuencias fueron inmediatas y violentas. Tras el enfrentamiento, grupos afines al ‘CJNG’ respondieron con una oleada de narcobloqueos en carreteras y ataques en múltiples estados, con cifras que llegaron a 252 bloqueos en todo el país y al menos 65 solo en Jalisco. En nuestro estado se declaró Código Rojo, transportes públicos quedaron suspendidos, vuelos fueron cancelados, y la población vivió momentos de pánico e incertidumbre. Estas escenas no solo generaron terror entre la ciudadanía, sino que pusieron de manifiesto la incapacidad del gobierno estatal y municipales para contener y ofrecer protección efectiva ante represalias de este tipo.
La violencia desatada muestra que, aunque se logre un impacto significativo contra un jefe criminal, el vacío de poder y los reacomodos entre células delictivas no se resuelven con una sola acción militar. La caída de un capo como ‘El Mencho’ no significa la desaparición del ‘CJNG’ ni de su red de operadores locales, que siguen activos y adaptándose a nuevas realidades. Sin una estrategia estatal y municipal robusta –que incluya prevención, inteligencia local y protección comunitaria– las repercusiones sociales de estos eventos quedan a merced de la improvisación.
Al final, este episodio nos obliga a reflexionar: sí, la voluntad política puede generar resultados drásticos contra jefes criminales, especialmente cuando hay apoyo internacional. Pero sin políticas públicas integrales a nivel local –además de operativos federales– el ciclo de violencia difícilmente se detendrá, y las consecuencias recaerán siempre en la población civil.
*Doctora en Derecho
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