Hay declaraciones que no sólo evidencian falta de sensibilidad política; también revelan cuánto falta por comprender que los derechos humanos no son una concesión, sino un límite al poder. Las recientes declaraciones del gobernador Pablo Lemus y de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, al recomendar que las personas con discapacidad evitaran las celebraciones públicas por el pasado partido México-Inglaterra del Mundial 2026 resultan profundamente preocupantes.
El mensaje parece simple: “Es por su seguridad”. Sin embargo, detrás de esa aparente preocupación se esconde una lógica históricamente discriminatoria: excluir a las personas con discapacidad del espacio público en lugar de garantizar que éste sea accesible, seguro e incluyente.
La discapacidad no reside en la persona, reside en las barreras que la sociedad y las instituciones mantienen. Así lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, tratado con rango constitucional en México desde la reforma de derechos humanos de 2011. Su artículo 9 obliga a eliminar obstáculos de accesibilidad, y el artículo 30 reconoce el derecho de estas personas a participar, en igualdad de condiciones, en actividades recreativas, deportivas y culturales.
En Jalisco esto no es un asunto menor: según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, retomado por el Instituto de Información, Estadística y Geográfica del estado, 276 mil 51 personas en la entidad reportaron dificultad para caminar, subir o bajar, la limitación motriz más frecuente entre la población jalisciense. Recomendarles que no asistan no es precaución neutral, es excluir a un sector que ya enfrenta barreras estructurales.
Por ello, la respuesta institucional frente a un evento masivo jamás debería ser recomendar la ausencia de un grupo históricamente discriminado. La obligación constitucional consiste exactamente en lo contrario: generar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercer sus derechos con seguridad y autonomía.
La Constitución mexicana prohíbe toda discriminación motivada por discapacidad y reconoce el principio de igualdad sustantiva. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la ley estatal correspondiente obligan a las autoridades a adoptar medidas de accesibilidad universal y ajustes razonables, no a desalentar la participación social.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el modelo social de la discapacidad exige abandonar visiones paternalistas que reducen a estas personas a sujetos de protección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido que los Estados deben remover barreras estructurales y garantizar su participación plena en la vida pública.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tampoco dejan espacio para ambigüedades: el principio de “no dejar a nadie atrás” atraviesa los ODS 10, 11 y 16. Resulta contradictorio hablar de una ciudad sede mundialista mientras se normaliza que ciertos sectores simplemente no asistan.
Más preocupante resulta el tibio boletín de la Subsecretaría de Derechos Humanos estatal, que emitió recomendaciones tarde cuando su deber era asesorar al gobernador antes de su lamentable discurso. Siendo una dependencia de la Secretaría General de Gobierno, su función es preventiva, dictando directrices previas a macroeventos como el mundial para evitar mensajes de discriminación. Actuar después del daño solo confirma que la omisión también comunica.
Lo verdaderamente responsable habría sido anunciar protocolos de accesibilidad, rutas seguras, zonas preferentes y personal capacitado en los espacios donde la ciudadanía se reunirá a seguir los partidos. Eso es gobernar con enfoque de derechos humanos.
Una sociedad democrática no recomienda la ausencia de las personas con discapacidad; construye las condiciones para que estén presentes, visibles y participen plenamente. La inclusión nunca debe convertirse en una advertencia, sino en una obligación ineludible del Estado.
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