El pasado 10 de septiembre dio inicio el proceso electoral de junio de 2027, y con ello se vienen diferentes reflexiones respecto al estado que mantienen las instituciones que se han establecido en lo que van los periodos de las alternancias, y que tienen como antecedente importante, aunque no el único, la primera elección presidencial en la que ganaba un partido diferente del oficialismo postrevolucionario del PRI en el año 2000.
El fortalecimiento del Estado de Derecho implicaba un reto importante, desplegar instituciones sólidas que acompañaran el desarrollo de un empoderamiento relevante de la ciudadanía, generando una buena dimensión de reconocimiento de los derechos humanos y políticos que buscaban una representatividad, que lograse no considerar exclusivamente las mayorías, sino una representación cualitativa de las expresiones ciudadanas y políticas en el país. La división de poderes, en ese sentido, adquiría una destacada relevancia y la ciudadanía, lograba tener dos elementos sustanciales de intervención: los derechos humanos y su participación política sin restricciones. El procesamiento implicó varias decenas de años que, con el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la población, generaron condiciones de una activa aportación ciudadana, con sus momentos de complejidad, pero en ejercicio de derechos y con instituciones reconocidas para el funcionamiento político y social.
Por primera vez, desde la creación del INE (antes IFE), éste enfrenta un reto complejo, en la medida en que no sanciona, desde su perspectiva institucional, las restricciones de todos los adelantamientos que se han desarrollado, ni se ha colocado como el árbitro electoral que constituye uno de los elementos con los que las instituciones autónomas habían logrado desarrollarse como instancias confiables para la ciudadanía. La cercanía de varios de los consejeros con el oficialismo, la ausencia de separación de poderes, sin la existencia de contrapesos efectivos y confiables, y el estado de laxitud en sus funciones de vigilancia del proceso, plantean serias dudas respecto a la objetividad institucional ante la falta de intervención en el arbitraje procedimental que no augura decisiones que se puedan sostener en su calidad de imparcialidad.
Al margen del INE, las oposiciones no han logrado, en ocho años, establecer una oferta sólida y consistente ante la ciudadanía, sin embargo, su intervención debe asegurarse en el proceso, para garantizar equidad en la participación.
El reto de las elecciones de 2027 implica también la votación de la segunda parte del sistema judicial mexicano, con lo que la presencia de los tres poderes, hombro con hombro, en el arranque del proceso electoral y, particularmente de la Secretaría de Gobernación, dio un mensaje sombrío respecto de los desafíos que enfrentará el INE el año próximo.
Asegurar la autonomía que está definida constitucionalmente, será una de las pruebas a superar, garantizando que la participación ciudadana no tenga un elemento de influencia en un sólo sentido y que sea la decisión ciudadana la que defina su preferencia electoral. Los antecedentes de este ejercicio de votación, así como los primeros resultados generados por el sistema judicial, plantean un enorme reto para poder seguir contando con institucionalidad y confianza en el órgano electoral.
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