Desde 1917, en las sesiones de apertura del Poder Legislativo, se estableció la obligatoriedad de presentar un informe sobre el estado general de la administración pública por parte del presidente de la República. Sin ser exclusivo del siglo 20, el mensaje y la obligatoriedad se establecieron con regularidad en la constitución del 17, no sin haber experimentado, a lo largo del tiempo, modificaciones que reflejaron el estado de cosas en el espacio político de cada una de las administraciones presidenciales, en los que la vigencia del informe se ha mantenido como una obligación constitucional.
La época de los informes en el esquema de partido hegemónico constituyó un momento en el que todas las estructuras, no solamente de gobierno, sino las instituciones políticas del país se alineaban en una suerte de festejo que se denominó “el día del presidente”.
Todas las estructuras de operación del país se organizaban como una máquina que manifestaba el apoyo, el reconocimiento y la admiración de la gestión presidencial en turno. El día era de descanso obligatorio y todas las cadenas de radiodifusión y televisión se concentraban, en esa ocasión del año, en difundir en una transmisión general todos los elementos necesarios para proyectar y hacer circular lo que en términos coloquiales se denominaba “el informe”.
En 1988, Porfirio Muñoz Ledo interrumpió la lectura del informe del presidente Miguel de la Madrid. En aquel momento constituía un evento totalmente inédito, pero que con el paso del tiempo devino como una fórmula importante de manifestación de las oposiciones que, hasta ese momento, además de tener un razonable crecimiento, se expresaban dentro de la propia estructura normativa en el recinto que debería formular la pluralidad política.
En 2008 se modificó el hecho de que no era necesario que el presidente estuviera personalmente en la presentación del documento, es decir, la normativa obligaba a presentar el documento escrito en el que se explica el estado de cosas de la administración, pero no que el presidente lea un mensaje en la apertura de actividades del Congreso de la Unión.
El desarrollo de las oposiciones y, por otra parte, las transiciones en la Presidencia de la República han marcado contrastantes cambios respecto de las formas en las que se experimentó la organización y difusión de esa actividad. El presidente va, no como la entidad convocante, sino convocada; en ese sentido, la expresión de las fuerzas política tiene cabida en ese recinto, razón por la cual, dentro del marco jurídico y la práctica de debates en ese espacio, significó, progresivamente, el poco interés de los titulares del Ejecutivo en asistir.
La obligatoriedad de la rendición de cuentas no ha perdido vigencia; muy al contrario, se mantiene la necesidad de seguir con el conocimiento del estado que tiene la administración. Con ello, el trabajo posterior a la entrega del informe constituye un momento importante en el que la expresión política plural debería tener un peso importante en la calificación objetiva de las políticas públicas, circunstancia en la que se tiene que profundizar; el protocolo del mensaje no es el punto central sino, realmente, el informe.
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