El gobierno del estado decidió que, en lugar del diálogo, era mejor idea usar la fuerza pública y los tribunales como vía de comunicación con los vecinos de Mirador de San Isidro. Con su estrategia concluyó que sus gobernados son sus adversarios.
Hace un mes, entre las 2 y las 3 de la madrugada, policías estatales desalojaron con violencia a los vecinos de la zona que mantenían un campamento para evitar que continuaran las obras para construir edificios de departamentos para policías. Los elementos de seguridad se llevaron casas de campaña y pertenencias de quienes protestaban.
En los días posteriores llevaron a las redes sociales, con bots y en algunos casos con cuentas oficiales, señalamientos de respaldo partidista. Esto, porque regidores y diputados de oposición se acercaron para apoyar la protesta o para aprovecharla, en algunos casos, aunque eso no fue culpa de los vecinos.
El conflicto se fue alargando y el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, intentó salvar la situación al ofrecer otras opciones de terrenos para desarrollar el proyecto. El alcalde aseguró que sus propuestas ya estaban en el escritorio del gobernador Pablo Lemus Navarro.
A pesar de la intervención de Frangie, desde Casa Jalisco la señal ha sido de dureza. Nuevamente, en lugar de dialogar, decidieron pelear en tribunales. El gobierno del estado no solo acudió al juicio de amparo con su informe, como autoridad responsable, sino que apostó por dar la pelea y presentó recursos contra la suspensión provisional que un juez federal otorgó a los vecinos.
En la demanda de amparo, los vecinos señalaron diversos actos de autoridad: la promulgación del decreto mediante el cual el gobierno del estado entrega el predio al Instituto Jalisciense de la Vivienda para construir edificios de departamentos; la omisión de la consulta pública y la incorrecta socialización del proyecto habitacional; la omisión de realizar, exigir y evaluar los estudios de impacto hidrológico, de servicios ambientales y de riesgo; los trámites para la construcción; los trabajos realizados; la entrega del oficio de previabilidad de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial; el plan parcial de desarrollo, entre otros.
Entre las pruebas que aportaron los vecinos, están los documentos que acreditan que el predio fue entregado por la constructora del fraccionamiento para áreas de uso común. El Ayuntamiento de Zapopan decidió darle “uso de suelo habitacional plurifamiliar vertical de densidad alta”, lo que derivó en que se entregaran todos los permisos.
Al recurrir la suspensión que se otorgó a los vecinos, el gobierno del estado, a través de las quejas presentadas por el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, y el director del Ijalvi, Guillermo Medrano, intentaron desestimar el interés de los vecinos.
A lo anterior se suma que tanto el jefe de Gabinete, Alberto Esquer, como el propio Guillermo Medrano han declarado que el proyecto se llevará a cabo.
Este 3 de septiembre está programada la audiencia en la que el juez definirá si concede la suspensión definitiva a los vecinos, mientras el gobierno del estado sigue sin mostrar interés por el diálogo.
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